LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS CONTABLES
I. CONTABILIDAD. CONCEPTO GENERAL, IMPORTANCIA Y NORMAS APLICABLES
Todo
empresario –no sólo las sociedades y personas jurídicas en general- debe llevar
una contabilidad. Además de estar establecido por normas legales que
analizaremos infra, es una necesidad impuesta por las reglas de la competencia
económica, y por la exigencia de racionalidad en la asignación de recursos. Sin
una contabilidad adecuada -es decir, sin un sistema ordenado de registración,
clasificación, resumen e interpretación de las operaciones, de los gastos,
ingresos, y movimientos patrimoniales y financieros que derivan de aquéllas- el
empresario no puede, más allá del corto plazo, evaluar el acierto de las
decisiones tomadas o rectificar los errores de apreciación o de gestión. Puede
decirse que la contabilidad –específicamente, la contabilidad por partida
doble- es coetánea al surgimiento del capitalismo; con el nacimiento y expansión
de éste, comienza a desarrollarse la contabilidad como ciencia o arte. Sin
embargo, la contabilidad no se identifica con un determinado sistema económico
ni con una determinada estructura jurídica, si bien la importancia de ella se
torna más evidente en la empresa privada, cuyo caparazón habitual es la
sociedad comercial.
Adicionalmente
a su relevancia en el orden interno de la firma, la contabilidad y los estados contables resultan
indispensables proyectándonos hacia el exterior de la hacienda empresaria: por
un lado, son un medio de prueba contra los comerciantes; en algunos casos,
constituyen probanza a favor de ellos (artículo 63 del Código de Comercio);
sirven a terceros –en especial, pero no únicamente entidades financieras- para
evaluar la solvencia y liquidez del futuro prestatario, y concederle o no
crédito; y respecto del fisco, son el sustento de las declaraciones juradas
impositivas.
1. Su necesario encuadramiento legal
Con la trascendencia
que tiene, nunca debe olvidarse que la contabilidad y los estados contables que
de ella derivan se insertan en un marco jurídico que determina y regula los
derechos y obligaciones de los comerciantes, de las sociedades comerciales y de
los terceros que se vinculan con éstas y con aquéllos.
Al decir de GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS[1], “...puede
formularse el siguiente listado de funciones atribuibles a la contabilidad
societaria: a) Llevar un registro mediante elementos y técnicas específicas de
los actos y operaciones imputables a la sociedad. Se advierte aquí un aspecto
que será puesto de manifiesto repetidamente a lo largo del presente Volumen,
consistente en el sustrato jurídico de los movimientos contables que efectúa
una sociedad. Los asientos contables
requieren de reglas jurídicas que determinen qué actos y operaciones son
imputables a la sociedad, y cuáles son
los derechos y obligaciones de ésta”. En la nota 20 (página 17) de la
obra citada, continúa acertadamente: “Esta
dependencia de la contabilidad respecto del orden jurídico es frecuentemente
olvidada en la práctica, pretendiéndose determinar la inclusión o exclusión de
operaciones en los estados patrimoniales simplemente en base a criterios
contables. Pero tales criterios no pueden aplicarse con olvido de que se busca
reflejar una realidad patrimonial, y que el patrimonio es un conjunto de
derechos y obligaciones determinados por reglas jurídicas.”
Frente a terceros,
los libros y los asientos contables, valen “entre comerciantes, en hechos de su
comercio” (artículo 63 del Código de Comercio). En principio, no acreditan la
realización de negocios jurídicos constitutivos, adquisitivos, transmisores,
generadores de créditos o extintivos contra terceros no comerciantes y por actos
no comerciales (artículo 64, C .
Com.) pero pueden constituir prueba en
contra de los comerciantes y de las sociedades comerciales
(artículo 63, segundo párrafo). De igual forma los balances y estados de
resultados, los dictámenes de auditoría, los informes de la sindicatura –con
toda la importancia que tienen en el orden interno de la sociedad, y con
relación a los socios (artículos 67, 234, inciso 1° y 294, inciso 5 de la LSC )- no dejan de ser
declaraciones carentes de eficacia para generar derechos a favor de aquélla
contra terceros, aunque de ellos o de su inobservancia puedan derivar
responsabilidades de los directores, de la sindicatura o del consejo de
vigilancia.
Los negocios y actos
susceptibles de registración a que refiere el art. 43 del Código de Comercio,
son actos jurídicos, y por ello, “las
constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva”
(art. 43, in
fine; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 9-11-2009,
“Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c.
Río Manso S.A. y otro”, Doctrina Judicial, 12-5-2010, p. 1272)[2].
La
aprobación de los estados contables por el órgano de gobierno –aunque sus
decisiones no sean impugnadas- no implica la de la gestión de los directores,
administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan
o no votado en la respectiva decisión, ni importa la liberación de
responsabilidades (artículo 72).
Con
relación a terceros ajenos a la sociedad, que la asamblea apruebe los estados
contables no genera a favor de ésta y en contra de aquéllos ningún efecto
jurídico. Si los actos bilaterales son inoponibles a terceros (artículo 1195
del Código Civil), igual inoponibilidad puede predicarse de un acto colegiado,
que es unilateral, aunque subjetivamente complejo. El hecho de que se
constituya con una pluralidad de personas físicas no significa que sea un acto
que obligue jurídicamente a terceros, ni que tenga fuerza jurígena para
constituir en deudores a quienes no lo sean[3].
2. El Código de Comercio
El
principio cardinal está expuesto en el artículo 33 incisos 2 y 3,
correspondientes al Título II, "De las obligaciones comunes a todos los
que profesan el comercio", Cap. I de "Disposiciones generales".
Dicha norma impone "la obligación de
seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal
fin" (inciso 2), además requiere "la
conservación de todos los libros de la contabilidad” (inciso 3).
A
su turno, el art. 43 complementa las disposiciones anteriores, estableciendo
que "todo comerciante
está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una
contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que
resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y
cada uno de los actos susceptibles de registración contable. Las constancias
contables deben complementarse con la documentación respectiva".
Los
preceptos citados del Código de Comercio recogen los siguientes principios:
1) Uniformidad. La contabilidad debe estar organizada sobre una base contable uniforme.
Ello no implica cristalizar determinados métodos y pautas. Si las
circunstancias aconsejan cambiar criterios de valuación, reemplazándolos por
otros que se ajusten con mayor cercanía a la realidad, nada impide hacerlo,
pero deberá consignarse la modificación, y su incidencia sobre el patrimonio y
los resultados del ejercicio.
Plasmando
normativamente esa directriz, y en resguardo de terceros y de los socios, la
ley de sociedades comerciales obliga a incluir, en las notas complementarias
los "cambios en
los procedimientos contables o de confección de los estados contables aplicados
con respecto al ejercicio anterior, explicándose la modificación y su efecto
sobre los resultados del ejercicio.” (art. 65, inc. e).
2) Integridad. De la contabilidad debe resultar una justificación clara de todos y cada
uno de los actos susceptibles de registración contable (art. 43); por lo que "debe incluir por lo menos todas las
partes esenciales del hecho económico que trata de informar"[4].
3) Veracidad. De ella debe desprenderse "un cuadro verídico de sus
negocios". Una contabilidad puede no ser veraz
porque el comerciante o en las sociedades, el órgano de administración intenta
engañar o defraudar a todos o a algunos de los socios, o a terceros acreedores
actuales o potenciales; pero al margen de la eventual tipificación penal de esa
conducta (artículos 172, 173 y 300,
C .P.), se puede faltar a ese principio prescindiendo de
toda idea de dolo (no formular debidamente las previsiones por incobrabilidad
de créditos, no incluir en el pasivo contingencias que puedan traducirse en
obligaciones exigibles hacia terceros, sobrevaluar o subvaluar sin malicia
bienes del activo, etcétera). En tales casos, la contabilidad no satisface uno
de los principios nucleares que deben informarla, que es la objetividad[5].
4) Claridad. La justificación debe ser "clara" (art. 43, Cód. Com.), otro de
los requisitos básicos de la contabilidad.[6]
5) Coherencia. La coherencia tiene que ser interna (base contable uniforme) y externa;
es decir, las constancias contables deben complementarse con la documentación
respectiva.
Asimismo,
se enumeran los libros de carácter indispensable, aquéllos que el comerciante
no puede dejar de llevar (art. 44) y se disponen a su respecto una serie de
formalidades: la encuadernación, foliación e individualización judicial (art.
53); el registro por orden cronológico de las operaciones (art.45); y se
establece la prohibición de intercalaciones, interlineaciones, enmiendas,
tachaduras y mutilaciones (art. 54). Igualmente, "deberá llevar los libros registrados y la documentación contable
que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que
le exijan la importancia y la naturaleza de sus actividades..." (art.
44).
3. La
ley de sociedades comerciales
La
sociedad es comerciante (arts. 8, inc. 6 y concordantes del Código de
Comercio); además, las disposiciones de esa ley forman parte del Código de
Comercio (art. 384 de la LSC ).
Consecuentemente, corresponde integrar y coordinar las el articulado de la ley
19.550 con las normas y principios de aquel ordenamiento aludidos en el
parágrafo anterior.
La
ley 19.550 -reformada por la ley 22.903- regula, en la Sección IX ("DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA CONTABILIDAD "),
las pautas mínimas para la confección de
los estados contables y los asientos en los libros de comercio, sin
perjuicio de lo que impongan las normas de contabilidad generalmente aceptadas,
cuyo objeto es complementar y precisar las mandas legales, mas no apartarse de
éstas.
Preceptúa
el art. 61 de la LSC :
"Podrá prescindirse del
cumplimiento de las formalidades impuestas por el art. 53 del Código de
Comercio para llevar los libros en la medida que la autoridad de control o el
Registro Público de Comercio autoricen la sustitución de los mismos por
ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y
Balances".
"La petición deberá incluir una
adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico o antecedentes de su
utilización, la que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el Libro de
Inventarios y Balances. "Los pedidos de autorización se considerarán
automáticamente aprobados dentro de los treinta días de efectuados, si no mediare
observación previa o rechazo fundado".
"El libro Diario podrá ser
llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores de un
mes".
"El sistema de contabilización
debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes
cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al
artículo 43 del Código de Comercio".
Las
modificaciones al régimen del Código de Comercio pueden resumirse así:
1)
El art. 45 de ese cuerpo legal impone al comerciante individual asentar en el
libro diario día a día las operaciones. En cambio, el art. 61 de la L.S .C. permite a las
sociedades llevar el libro diario con asientos globales que no comprendan
períodos mayores de un mes. La
Exposición de Motivos de la ley 22.903 –de reformas a la ley
19.550- justifica la modificación en la necesidad de "agilitar la obligatoriedad de las registraciones diarias en el
libro pertinente que impone el art. 45 del Código de Comercio, al permitir que
en el caso de sociedades ellas se efectúen en forma mensual y global, con lo
que se da la necesaria fijeza a este tipo de registraciones sin crear
impedimentos excesivos, quedando las registraciones diarias y singulares a
cargo de los medios mecánicos que se autorizaren".
Las
disposiciones del Código de Comercio decimonónico fueron concebidas teniendo en
miras al comerciante individual, dentro del marco de una sociedad
incipientemente capitalista, con relativamente escasas operaciones diarias.
Contrapóngase con las miles de operaciones por segundo que realizan, verbi
gratia, las cadenas de hipermercados, en
que cada caja es la terminal de una red de computadoras conectadas
"online" que registran las operaciones, e inclusive las variaciones
en el stock de mercaderías después de cada venta. Evidentemente, el asiento
manual de cada operación sería materialmente imposible.[7]
No
obstante las reformas, "el
sistema de contabilización debe permitir la individualización de las
operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior
verificación, con arreglo al artículo 43 del Código de Comercio" (art. 61. L .S.C.).
Significa eso que será necesario recurrir a libros auxiliares, como, por
ejemplo, los de IVA ventas y compras –que si bien no son libros de comercio,
deben registrar todas las operaciones gravadas con el impuesto al valor
agregado- y los propios sistemas informáticos autorizados deberán permitir la
reconstrucción de las compras, ventas, servicios prestados o recibidos,
impuestos pagados, retenciones efectuadas o sufridas, retribuciones devengadas
y abonadas con sus cargas sociales, etcétera.
2)
La ley 22.903 regula con minuciosidad el trámite de la autorización por el Juez
de Comercio, cuestión que en la ley 19.550 no tenía un procedimiento
establecido:
a-
La petición debe incluir una "adecuada" descripción del sistema, con
dictamen técnico o antecedentes de su utilización, la que una vez autorizada,
debe transcribirse en el Libro de Inventarios y Balances.
b- La aprobación es automática, una vez
transcurrido un plazo de treinta días de formulada la solicitud, si no hubiere
"observación previa o rechazo fundado".
En
la práctica, esa automaticidad se ve totalmente desvirtuada, porque la sociedad
no dispondrá de una prueba sencilla de que sus libros no rubricados han sido
aprobados por el silencio. Por ese motivo, los representantes de las firmas
comerciales suelen soportar pacientemente las largas esperas, dilaciones u
observaciones infundadas que eventualmente
se les formulan.
La
"observación previa" supone una intimación a subsanar errores u
omisiones, sin comportar un rechazo definitivo, pero determina que el plazo de
un mes se suspenda, hasta tanto se subsanen aquéllos. El "rechazo
fundado" sí es una decisión definitiva, y autoriza a la sociedad afectada
a interponer recurso de apelación ante el Tribunal en lo Comercial (art. 30 del
Código de Comercio).
II. LOS ESTADOS CONTABLES EN GENERAL
Los
datos asentados en la contabilidad son volcados, luego de resumidos y
clasificados en el Libro Mayor u otro libro o sistema informático de registración
que cumpla la función de aquél, a los estados contables. Son
confeccionados éstos por el órgano de administración, el que además debe
presentar una memoria, proponiendo la distribución de utilidades en efectivo o
en otra forma, o la constitución de reservas, explicadas clara y
circunstanciadamente (artículo 66, incisos 3º y 4º). Es obligatorio ponerlos a disposición de los
accionistas en la sede social, con quince días de anticipación a su
consideración por el órgano de gobierno de la sociedad[8]
(art. 67). El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y
a la adopción de resoluciones de cualquier orden es irrenunciable (art. 69);
aun aprobados, ello no comporta la convalidación de la gestión de los
directores (art. 72).
1. Párrafo
aparte merece el inventario
Cabe señalar que
los estados contables deben sustentarse, a la vez, en el inventario[9].
Sin éste, el balance carece de completitud, exigencia esencial de la
contabilidad (artículos 48, 52 y concordantes del Código de Comercio), y si el
síndico debe dictaminar sobre aquél en la asamblea ordinaria (artículos 234,
inciso 1, 294, inciso 5 y concordantes de la ley 19.550), su omisión entraña
incumplimiento de los imperativos de integridad[10] y
significación[11](arts.
43[12]
y 51[13]
del Código de Comercio).
Los
estados contables contienen la exposición sintética de los principales rubros
del activo, del pasivo y del patrimonio neto, así como de su evolución, pero no individualizan cuáles son los
créditos y deudas, ni los bienes de uso, registrables o no, ni las inversiones,
bienes inmateriales o los bienes de cambio. Todos estos datos se consignarán en
el inventario, exigiendo la ley que se comprendan en él “todos sus bienes, créditos y acciones, así como todas sus deudas y obligaciones pendientes en la
fecha del balance, sin reserva ni omisión alguna” (artículo 48 del Código
de Comercio).
La
necesaria complementación de los estados contables con el inventario se desprende,
por lo demás, de las siguientes consideraciones:
*
El ya citado art. 48 del Código de Comercio lo contempla específicamente.
*
No tendría sentido la obligatoriedad del libro de inventarios y balances (art.
61, LSC), si no incluyera a aquéllos.
*
La sindicatura debe dictaminar sobre “la
memoria, inventario, balance y estado de resultados” (artículo 294, inciso
5, LS)., y una copia de ese informe debe estar a disposición de los socios con
la antelación mínima de quince días que prevé el artículo 67, primer párrafo
del mentado ordenamiento.
El
hecho que la sociedad pueda prescindir estatutariamente de ese órgano de
fiscalización privada (artículo 284, último párrafo) no debe comportar un
menoscabo a los derechos de los accionistas, quienes por el contrario, tienen
facultades idénticas de información en tal supuesto (artículo 55 in fine), pudiendo
examinar los libros y papeles sociales, y recabar de los administradores los
informes que estimen pertinentes (articulo 55, primer párrafo).
*
Los estados contables, aun con las notas complementarias y cuadros anexos
(artículo 65), no individualizan los bienes y los pasivos. Pretender que
constituyan información suficiente es tan absurdo como lo sería un avalúo en
una sucesión, sin el inventario. Interesa a los socios no sólo
la indicación, en montos globales, de los valores del activo y del pasivo, sino
la composición detallada de ambos. Ni siquiera el cuadro anexo de bienes de
uso, cuyas altas, bajas y amortizaciones deben estar consignadas (artículo 65, 2, a , ley 19.550), cumple esa
función, pues únicamente se señalan los valores, con las incorporaciones,
ventas, depreciaciones y saldos del ejercicio, pero no señalan cuáles son
específicamente los bienes que componen los importes globales, a fin de permitir
que los socios analicen si aquéllos son correctos o no. Los socios deben tener
acceso a una información tan elemental de la sociedad, como cuáles son los
bienes, contra quiénes se tienen los créditos, cuáles son sus acreedores, y los
respectivos importes parciales cuya sumatoria se vuelca luego al balance.
Además,
les es exigible que se ajusten a los principios de claridad veracidad,
exactitud y uniformidad que requiere el artículo 51 del Código de
Comercio para todos los balances, y los de verdad y evidencia a que
alude el art. 52 del citado cuerpo legal[14].
Los
estados contables –que deben cimentarse en la contabilidad- no pueden ser un
"dibujo" de cifras y números divorciados de la realidad; es un
imperativo legal que se adecuen a las pautas del artículo 43 del Código de
Comercio en torno a la veracidad y claridad, completividad y coherencia interna
y externa.
La falsedad de los
estados contables invalida a la asamblea que los aprueba, puesto que aceptar lo
contrario sería tanto como predicar que el orden jurídico otorga valor
vinculante a la falsedad, a la insinceridad, a la oscuridad o a la
contradicción. Si el derecho a la impugnación de los estados contables “es
irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula” (art. 69, LSC), significa
que también son nulos los estados contables cuando se demuestra su falsedad o
la violación de normas imperativas respecto de su confección[15].
Expresa GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS[16], “…las normas relativas a balances tienen directa o indirectamente
carácter legal, y su incumplimiento acarrea los resultados jurídicos imputables
a las normas de ese carácter...En una economía en la que las sociedades
constituyen el principal vehículo jurídico de organización empresaria, las
normas relativas a balances y estados contables hacen a los elementos
constitutivos del régimen jurídico de la organización económica y deben
considerarse de orden público”.
Para que el
tratamiento de los estados contables por los socios no se convierta en una
ilusión, o en el cumplimiento de hueras formalidades, y puedan hacerlo aquéllos
con conocimiento de causa, el socio no debe verse obstaculizado en el ejercicio
del derecho de información que la ley le reconoce no sólo en la oportunidad
prevista en el artículo 67, previa a la asamblea; la sociedad a través del
directorio o en su caso de la sindicatura está obligada a observar el deber
genérico de información, en toda oportunidad que le sea requerida (artículo
55).
En caso que la
sociedad, por intermedio del órgano de administración, sea reticente en
brindarla, esa actitud –si se traduce en conductas omisivas o activamente
violatorias del deber de información- por sí sola es justa causa de impugnación
de la decisión asamblearia que aprueba los estados contables[17].
Según
ISAAC HALPERIN[18], “si, por las irregularidades de los balances, éstos no alcanzan a proporcionar a los socios la debida información
para que accedan a la comprensión de cómo es administrado el patrimonio social
y puedan ejercer adecuadamente el control de la marcha de la vida social, corresponde la nulidad de la decisión
asamblearia de aprobación de balances y elección de directores y síndicos
societarios”[19],
agregando que los artículos 43, 44,
in fine, 51 y 52 sientan principios o normas para su
redacción, cuyo estricto seguimiento hace inteligible el balance:
“- claridad (art. 44, in fine, referida a toda la contabilidad);
“con evidencia”, dice el art. 52.
“La
falta de claridad y precisión es un vicio por sí, además de la eventual
falsedad, que hace a la sinceridad y veracidad”[20].
“veracidad
(“cuadro verídico”, expresa el art. 43 con relación a toda la contabilidad);
“con veracidad y exactitud compatibles con su finalidad”, dispone el art. 51” ;
“-sinceridad,
que se conjuga con la completividad” (pág. 583)
“La claridad presupone la precisión y
exige que los distintos rubros enunciados por el art. 63 se discriminen
internamente en voces y subvoces—esto es, con el análisis indispensable que
asegure la claridad requerida para su lectura y entendimiento—
“....La violación de la veracidad y de la completividad importa un balance
falso[21], que compromete la responsabilidad (pág. 584) de los directores[22] y el síndico, e incluso de los accionistas que lo aprueban no obstante
la impugnación (esto es, a sabiendas)[23].
Ese
criterio fue adoptado por fallos judiciales:
“Si el balance aprobado en la
asamblea no contabiliza operaciones, esto constituye esto constituye una
infracción en los principios de claridad, de veracidad y completividad que
rigen la confección de balances (art. 63, Ley de Sociedades), y este vicio
afecta directamente el contenido de la decisión adoptada en la asamblea...resulta nula la asamblea en donde se
aprobó un balance incompleto o no sincero, ya que (más allá de la
anulación o rectificación del balance) por aplicación de los principios de los
actos jurídicos, al existir un error
de hecho se vicia la decisión del órgano societario y la aprobación resultante
no es válida” (art. 900, 922 y 923, Cód. Civil)” (Cám. Nac. Com. Sala
G, 18/4/96, “Gómez Humberto, c.
Confitería Los Leones S.A. y otros”, La Ley , 1997-B, p. 132 (pág. 593).
Decir
que los estados contables –y la memoria- deben ser veraces (artículos 43, 51 y
52 del Código de Comercio), claros (artículo 43 del Código de Comercio) y
exactos (art. 51 del Código de Comercio) es tan obvio como predicar que los
administradores deben cumplir sus deberes de lealtad y diligencia (art. 59 de
la ley 19.550), e informar a los socios sin mendacidad ni ocultamiento. Siguiendo
a HORACIO FARGOSI[24]
“Constituye un principio aceptado sin
reticencias que ésa, la claridad,
es una de las finalidades exigibles en este documento, sin perjuicio de la veracidad y exactitud que
resultan impuestas por el art. 51 del Código de Comercio, que lo demás no hizo
sino explicitar un supuesto existente en nuestro ordenamiento legal de resultas
del art. 300, inc. 3° del Código Penal”
“El balance, que debe descansar necesariamente en un inventario previo que lo
complementa...es necesario complementarlo con un estado de resultados
(art. 64), para establecer los beneficios y el origen de los mismos. La memoria
(art. 66, por su parte, si bien no integra ni forma parte del balance, es
elemento imprescindible de interpretación”.
“El
balance debe destacarse por su claridad. La ley 19.550 ha sido rigurosa
en tal sentido, y a ello responden no sólo las normas de los arts. 63 y 64,
sino la exigencia de las notas y cuadros anexos aludidos por el art. 65, LSC,
que se consideran parte de aquél”.
“Debe destacarse que si bien los
principios de claridad, veracidad,
exactitud y uniformidad que requiere el art. 51 del Código de Comercio
para todos los balances, y los de verdad
y evidencia a que alude el art. 52 del citado cuerpo legal, son válidos
para los estados contables de todas las sociedades, se hace más visible en los
tipos referidos por el art. 62 de la ley...”.
Una contabilidad puede no ser
veraz porque el órgano de administración intenta perjudicar a todos o a algunos
de los socios, o a terceros acreedores; pero al margen de la eventual
tipificación penal de esa conducta (art. 300, inciso 3° del Código Penal),
puede faltar a ese principio prescindiendo de toda idea de dolo, simplemente
porque desde un punto de vista objetivo no refleja la realidad.
Aprobados los
estados contables, y de existir ganancias, la asamblea decide la distribución
de dividendos (artículos 68 y 224), o la constitución de reservas, y determina
la retribución de los directores, miembros del consejo de vigilancia y síndicos
(artículo 234, inc. 2). El monto máximo de los honorarios a fijarse por todo
concepto no puede exceder del 25 % de las ganancias, cuando éstas se
distribuyan totalmente, del 5% cuando no se distribuyan, e incrementándose proporcionalmente
a la distribución (art. 261)[26];
las reservas deben ajustarse a las previsiones de los artículos 66 y 70.
La
asamblea puede, al desaprobar los estados contables ordenar la modificación de
aquéllos.
La
importancia del inventario y los estados contables es que no solamente sirven
como rendición de cuentas del órgano de administración a los accionistas, y
permiten a éstos informarse de la situación patrimonial de la sociedad en la
que participan como socios, sino también, porque son el prerrequisito para la
distribución de dividendos (arts. 68 y 224). Y la participación en las
ganancias es la causa fin del contrato de sociedad (art. 1° de la LSC ).
Nunca
será superfluo reiterar que las sociedades comerciales se forman para obtener
beneficios y distribuirlos entre los socios. Esa verdad elemental parece ser
ignorada en la práctica societaria argentina: los socios mayoritarios actúan
como dueños absolutos de la sociedad; no distribuyen dividendos, sea
constituyendo reservas injustificadas –con ese nombre, o bajo la denominación
de “resultados no asignados”- sea fijándose por medio de la asamblea
retribuciones que consumen la totalidad o buena parte de las ganancias, sea
ratificando los anticipos de estipendios que se autorrealiza el directorio, o
con retiros en la “cuenta socios” o “préstamos a los socios” - por montos que a
veces exceden las utilidades de la firma o representan una parte sustancial de
aquéllas.
La
aprobación de los estados contables no entraña aprobación de la gestión ni de
su propuesta de distribución -o no distribución- de dividendos. Aprobar un
balance y estado de resultados es una declaración de conocimiento y de
voluntad: la asamblea considera que las
cuentas presentadas por los administradores se ajustan a la realidad
económica y financiera de la firma. Pero que aquéllas sean fidedignas, no
significa que la administración sea buena. Es posible que la memoria y los
estados contables reflejen precisamente una gestión desastrosa: pérdidas considerables
e injustificadas, contratos desventajosos, operaciones ruinosas, desaprovechamiento de oportunidades de
negocios o negocios jurídicos realizados en beneficio de todos o algunos de los
miembros del órgano de administración. En tales casos, nada impide
-jurídicamente ni en los hechos- que se aprueben el balance, estado de
resultados y cuadro de evolución del patrimonio neto, y a la vez que se decida
remover al directorio por su mala administración.
2. Activo, pasivo y patrimonio neto
En
forma previa a adentrarnos al estudio de los estados contables principales es
necesario tener presente los conceptos fundamentales de: activo, pasivo y
patrimonio neto. Veamos cada uno de ellos.
2.1. El activo
Es
el conjunto de bienes y derechos contra terceros que posee la sociedad, y las
partidas de gastos imputables contra ingresos atribuibles a períodos pasivos[27].
La
composición del activo resulta de capital importancia para muchos tipos de
análisis vinculados con la situación patrimonial de cualquier empresa. Su
conocimiento se relaciona particularmente con el examen del grado de
inmovilización en activo fijo, créditos pendientes de percepción, mercaderías u
otros bienes susceptibles de venderse o incorporarse a procesos productivos,
activos invertidos en operaciones ajenas a la actividad específica de la
empresa, gastos cuya incidencia recaerá en los resultados de ejercicios
próximos, etcétera.
El
valor de los bienes del activo depende, en gran medida, de los criterios de
valuación que se empleen, y de si son útiles para los fines propuestos.
Una
pauta es el costo de adquisición. Pero los valores actuales de mercado pueden
ser radicalmente distintos a aquél. Hay ciertos activos que se valorizan con el
transcurso del tiempo, por el cambio en las variables macroeconómicas,
regionales o microeconómicas. La simple posesión de ellos a lo largo de
períodos dilatados determina la existencia de diferencias, a menudo
sustanciales, entre su valor actual y el costo incurrido en su compra. Ejemplo
típico de esto lo constituyen los terrenos e inmuebles en general (beneficiados
o perjudicados, según el caso, por urbanizaciones, incremento de medios de
comunicación, localización de centros industriales o comerciales,
"modas", valorización o desvalorización según que la zona se torne
codiciada o rechazada, condiciones globales de la economía, para enunciar
algunas de las causas de valorización o desvalorización). Otro caso es el de
las mercaderías que hayan sido mantenidas en stock durante largos períodos,
habiéndose producido simultáneamente incrementos o descensos en su valor de
mercado, o su obsolescencia (verbi gratia stocks de repuestos de modelos de
automóviles cuya producción se discontinuó).
Entre
los valores actuales, deben distinguirse, igualmente, los valores de reposición
(precios a los cuales podrían comprarse) y valores de realización (precios a
los que podrían venderse). A la vez, los valores de realización, tratándose de
bienes de uso, pueden ser disímiles si se consideran aisladamente o integrando
un complejo productivo [28].
En
cuanto a los créditos a percibir, su valor actual en un momento determinado es
el de su cobrabilidad estimada y no el total nominal; pero aún si la percepción
fuese segura, no es lo mismo si ello acontecerá en un plazo breve, mediano o
largo, por lo que debemos apreciar su valor actual en función de una tasa de
descuento y del tiempo efectivo en que se producirá la cobranza[29].
2.2.
El pasivo
Al
igual que cuando nos referimos al activo, es necesario un análisis cualitativo
–conformación- y cuantitativo (monto del pasivo).
La
información sobre la estructura de los pasivos posibilita hacerse una idea de
las fuentes de financiación a que la empresa ha recurrido y que deberá cancelar
en el futuro. Así, exaempli gratia, quienes financian podrán ser proveedores,
entidades financieras, institutos de previsión social, el fisco u otros. Al
mismo tiempo, se obtendrá información respecto de garantías que eventualmente
se hubieren otorgado, y de la forma en la que el pasivo está jurídicamente
constituido: cuenta corriente, documentos a pagar, etcétera. Los plazos de
cancelación indican si dichas financiaciones son a corto, mediano o largo
plazo.
Un
pasivo previsional o tributario significativo[31] revela una situación financiera comprometida, pues la empresa se
"financia" incumpliendo esas obligaciones, lo que sugiere que se han
agotado sus canales normales de financiación. Una concentración importante del
pasivo en deudas en cuenta corriente o a corto plazo puede constituir un índice
revelador de dificultades.
Una
deuda contraída con un proveedor por la compra de un bien, tendrá su monto determinado
en la factura respectiva. El préstamo de una institución financiera será el
valor original acordado o el ajustado por alguno de los procedimientos de
actualización pactados, según el caso.
Otro
tipo de obligaciones puede no ser conocido con exactitud al momento de emitirse
la información patrimonial; ello dará lugar a una estimación razonable y
prudente, como la hipótesis arquetípica de algunas de naturaleza impositiva y
previsional no exigibles; o pasivos eventuales por juicios que hayan entablado
terceros.
2.3. El
patrimonio neto
Es
el activo menos el pasivo; de lo que resulta que el activo es igual al pasivo
más el patrimonio neto[32].
Todo
rubro del patrimonio neto debe ser incluido en las cuentas de capital, reservas
y resultados (art. 63, inc. 2), II d de la ley 19.550).
El
capital social está fijado en el contrato social (art. 11, inc. 4, LSC) o el
estatuto, con sus respectivas modificaciones. Su monto tiene un valor, que es
el de los ingresos efectuados en concepto de aportes a la empresa.
Una
breve digresión contable nos ayudará a comprender adecuadamente los conceptos
indicados en los párrafos anteriores, las relaciones entre aquéllos, y sus
variaciones:
El
total de los fondos u otros bienes aportados a una sociedad proviene, en primera
instancia, del capital social. Aquéllos son utilizados para comprar bienes,
algunos de los cuales a través de ventas a crédito, se transforman en derechos
de cobro. Otros activos se incorporan a la firma, contrayendo simultáneamente
deudas (pasivos). El conjunto de los bienes y derechos a percibir, y ciertas
partidas contables pendientes, se denomina activo. Cuando las ganancias no se
distribuyen quedan en la empresa (caso de la reserva legal, utilidades sin
distribuir transitoriamente, reservas voluntarias o contractuales) se
incrementa el patrimonio de la sociedad. El total de los aportes de los
propietarios, y las utilidades retenidas, sea como reservas, sea bajo el
ambiguo rótulo de “resultados no asignados”, se denomina patrimonio neto.
Luego, puede decirse, lógicamente, que:
Activo
= pasivo + patrimonio neto
El
incremento del valor de un activo conlleva un correlativo aumento –caeteris
paribus- del patrimonio neto; el aumento de un pasivo –si los otros valores no
cambian- reduce aquél; la cancelación de una deuda con dinero efectivo o con
cheques no aumenta ni disminuye éste, salvo que se obtenga un descuento por
pago puntual, porque si bien se cancela una parte del pasivo, se lo hace por
igual monto un rubro del activo, que son las disponibilidades. En suma;
cualquier modificación que se efectúe en el valor o composición de los activos
y pasivos tendrá su imagen especular en el monto y composición del patrimonio
neto.
Al
observar el balance de ejercicio de cualquier empresa se verá que una columna muestra
el activo, y la segunda el pasivo y el patrimonio neto, constituido este último
por el capital social, su ajuste por inflación (artículo 62, LSC), las
utilidades retenidas (reservas) y las ganancias o pérdidas del ejercicio
(resultados). También se agregan los revalúos de los bienes del activo –que
ienen su contrapartida en el patrimonio neto dentro de una cuenta por igual
importe- y se ha admitido la inclusión de los anticipos a cuenta de futuros
aumentos de capital
El
balance sigue el esquema de la ecuación que ya se ha visto: activo = pasivo +
patrimonio neto.
III. LOS ESTADOS CONTABLES PRINCIPALES Y SUS COMPLEMENTOS
Existen
dos estados contables principales: el balance, y el estado de resultados, o cuadro
de ganancias y pérdidas. Ambos pretenden brindar información acerca de
la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, y sobre los
resultados del período.
Se
les debe adicionar el inventario, el estado de evolución de patrimonio neto,
el estado de flujo de efectivo y con las notas complementarias que
analizaremos a continuación.
1)
El inventario
Si
bien los artículos 63 a
65 de la ley de sociedades comerciales no hacen referencia a él, su necesidad
jurídica y económica es incuestionable, por las
razones que se expusieron con anterioridad.
2)
El estado de evolución del patrimonio
neto
Dispone
el artículo 64, II de la LSC.:
"El estado de resultados deberá
complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. En él se
incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno
de los rubros integrantes del patrimonio neto".
El
artículo 63 de la ley 19.550 ubica a las cuentas del patrimonio neto –capital,
reservas y resultados- dentro del pasivo. La identidad básica de la contabilidad
es (a riesgo de ser reiterativo): Activo – Pasivo = Patrimonio Neto; en
consecuencia: Activo = Pasivo + Patrimonio Neto.
El
artículo 63 incluye los siguientes rubros del patrimonio neto:
*
el capital;
*
las reservas, distinguiendo entre las legales, las voluntarias, las
contractuales y las provenientes de revalúos y primas de emisión;
*
los resultados (positivos) acumulados.
La
conformación inicial del patrimonio social, sus aumentos o decrecimientos,
pueden provenir de:
a)
Aportes de los propietarios,
incluyendo allí el capital suscripto con sus aumentos, su ajuste por inflación,
los importes que tienen su origen en revalúos –pues se trata de la
contrapartida, en el patrimonio de los plusvalores, nominales o reales de
bienes ya aportados- y de primas de emisión.
Económicamente,
las sumas provenientes de primas de emisión son más cercanas al capital que a
las reservas, ya que no se trata de ganancias no distribuidas, sino la
contracara del sobreprecio, respecto del valor nominal, por la suscripción de
nuevas acciones. Las mayores disponibilidades,
créditos o ambos emergentes de esa diferencia entre el valor nominal de
las nuevas acciones emitidas y el superior precio de su suscripción aumentan a
la vez el activo y el patrimonio neto. En razón de su cercanía al capital, el
artículo 202 de la ley de sociedades comerciales la califica como una reserva
especial, distribuible "con los requisitos de los artículos 203 y
204", es decir, sometida a las reglas para la reducción voluntaria del
capital.
Las
llamadas "reservas" por revalúos no son otra cosa que la expresión,
en el patrimonio, de los mayores valores de los bienes del activo, respecto de
su valuación conforme al costo reexpresado en moneda constante menos las
amortizaciones acumuladas.
b)
Resultados acumulados. Las ganancias
no distribuidas de la sociedad son, en rigor, reservas, pero una viciosa
práctica contable suele llamarlas "resultados no asignados". La
asamblea o reunión de socios no puede dejar de "asignar" los
resultados: distribuyendo dividendos, estableciendo honorarios de los
directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia, y disponiendo o no
la constitución de reservas, sometida ésta a los requisitos establecidos por
los artículos 66 y 70.
El
patrimonio neto aumenta por las ganancias o por los nuevos aportes de capital
de los socios o terceros, y disminuye por las pérdidas y por los retiros de
capital, en las hipótesis de rescate o amortización de acciones (artículos 220,
inciso 1 y 223 de la LSC ),
así como por los recesos o exclusiones de socios. La expresión de su valor
aumenta, cuando se practican revalúos de los bienes de uso.
3)
El estado de flujo de efectivo
La
ley de sociedades comerciales no exige, sino en ciertos casos, un "estado
de origen y aplicación de fondos" (artículo 62). Pero la definición de
estado de flujo de efectivo es más restringida en cuanto a los activos a tener
en cuenta, y a la vez más precisa, que la de "fondos" para la ley,
que conceptúa a éstos como el activo corriente menos el pasivo corriente (artículo
62). Es evidente que los saldos de activos corrientes no dinerarios
–mercaderías, materias primas, créditos a corto plazo- menos pasivos corrientes
no equivalen a fondos.
La
utilidad del estado de flujo de efectivo puede ser, en algunos supuestos, mayor
que la de los estados contables; a la vez permite detectar "dibujos"
de aquéllos, cuando no coinciden los movimientos de fondos con las
incorporaciones o excorporaciones de bienes del activo y aumentos o reducciones
del pasivo.
4)
Las notas complementarias y cuadros
anexos
En
rigor, no son algo diferente de los estados contables, sino que los
complementan y aclaran.
1. EL BALANCE
Es
un estado contable que expone la situación económica y patrimonial de una
empresa a una fecha determinada; es, para emplear la jerga de los economistas,
una magnitud de "stock". El cuadro de ganancias y pérdidas muestra el
resultado del ejercicio; se trata de un cuadro del que surge un
"flujo" –variación de stocks a través del tiempo- en este caso, un
ejercicio.
El
balance debe reflejar la situación de la empresa tanto en lo cuantitativo como
en lo cualitativo, pues no sólo importa el valor de los bienes del activo, el
monto de las deudas, y por consiguiente, el patrimonio neto -aspecto
cuantitativo- sino el tipo de bienes que integran su activo -mayor o menor
liquidez y posibilidad de realización- y el tipo de deudas (plazos de pago).
El
balance de ejercicio sirve como rendición de cuentas de los administradores de
la sociedad[33] frente a los accionistas. De allí la gravedad de su omisión, que puede
justificar la remoción del órgano de administración, por violación a sus
deberes de diligencia (cuando el incumplimiento es negligente) o de lealtad (si
obedece a un doloso ocultamiento).
1.1. Los balances especiales
La
ley ha previsto los llamados balances especiales distintos del balance de
ejercicio: para la transformación (art. 77, inc. 2), fusión (art. 83, inc.
1-b), escisión (art. 88, requisito 2); exclusión de algún socio (art. 92, inc.
1). Respecto de la escisión, la ley expresamente dice que deberá confeccionarse
como un "estado de situación
patrimonial".
Estos
balances protegen más adecuadamente al recedente y al excluido, ya que
correctamente valuados, los bienes del activo se incluyen a sus valores
actuales; y en cuanto sea significativa la incidencia en el total de los bienes
de uso -terrenos, construcciones, máquinas, muebles y útiles- o bienes
inmateriales, el valor real del patrimonio neto será sustancialmente mayor que
el que surge de los registros contables. Esta situación podrá advertirse
fácilmente en las empresas que han incorporado tales activos hace mucho tiempo.
Se
trata de estados de situación patrimonial, en los cuales el criterio de
valuación debe ser diferente al del balance de ejercicio:
*
En éste, se pretende conformar un cuadro razonablemente prudente del patrimonio
social, evitando valoraciones que por lo excesivas puedan conducir a la
distribución de ganancias no líquidas ni realizadas (art. 68). En función de
ello, los bienes de uso e inmateriales usualmente se suelen valuar a su costo
de adquisición, menos las amortizaciones acumuladas, lo cual puede resultar
prudente desde la perspectiva de un ejercicio, siempre y cuando por su excesiva
diferencia con los valores reales, no se vulnere el principio de veracidad
objetiva de la contabilidad y los estados contables.
La
diferencia de patrimonio con el ejercicio anterior -permaneciendo constantes el
capital y las reservas, que son los otros rubros del patrimonio- en caso de no
existir incrementos o decrecimientos patrimoniales derivados de aportes o
retiros de los propietarios nos dará el importe de los resultados (positivos o
negativos).
*
En los balances especiales, por el contrario, el objetivo fundamental es
mostrar un cuadro veraz del patrimonio a otros efectos, exaempli gratia,
determinar el valor de la parte del recedente. Así, la tasación de los bienes
de uso o inmateriales por su costo menos las amortizaciones acumuladas puede no
reflejar adecuadamente el verdadero valor de los bienes. Notoriamente, en
establecimientos industriales o agrícolas, los bienes de capital –bienes de
uso- pueden estar contablemente amortizados (parcial o totalmente), no obstante
lo cual mantienen un valor superior derivado de su productividad económica. Los
bienes inmateriales –por ejemplo patentes- pueden no tener un costo
individualizado, por provenir de invenciones realizadas por la propia sociedad;
el valor llave de un establecimiento, si bien no integra el balance de
ejercicio, es un activo que, de existir, no puede dejar de tenerse en cuenta
(art. 1788 bis del Código Civil).
1.2. El balance de ejercicio
1) Debe presentarse distinguiendo entre
los activos y pasivos corrientes y no corrientes.
Se
considera corriente todo activo o pasivo cuyo vencimiento o realización se
producirá dentro de los doce meses a partir de la fecha del balance general,
salvo que las circunstancias aconsejen otra base para tal distinción (art. 63, 41 a ), L.S.C.).
Precisando
el concepto, la
Resolución Técnica N° 8 expresa que los activos reputan
corrientes "si se espera que se
convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año, computado desde la
fecha de cierre del período al que se refieren los estados contables, o si ya
lo son a esta fecha". La redacción es más precisa, por dos razones:
*
Pues literalmente leída la ley de sociedades, parecería mirar únicamente a
activos o pasivos con vencimientos futuros ("cuyo vencimiento o
realización se producirá"), descartando los más obviamente corrientes, que
son los activos ya disponibles -disponibilidades-.
*
Porque no alude a la “fecha del balance”, sino a la de cierre del
período al que se refieren los estados contables, con prescindencia de la data
en que hayan sido confeccionados.
Además,
agrega que se considerarán activos corrientes aquéllos que "por disposiciones contractuales o análogas deban destinarse a
cancelar pasivos corrientes".
En
orden a los pasivos corrientes, dicha Resolución incluye a los "los exigibles al cierre del período
contable" (superando la redacción de la ley).
2)
Los rubros del activo corriente y no corriente deben ordenarse -dentro de cada
grupo- en función decreciente de su liquidez (CAPITULO III., A.3 de la Resolución Técnica
Nº 8).
Siguiendo
esa directiva, se clasifican en:
a. Disponibilidades
Incluye
el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores
de poder cancelatorio y liquidez similar (art. 62, 11, a ) de la L.S .C.; punto A.1. del
capítulo III de la
Resolución Técnica N° 9).
b. Inversiones
Son
las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, o preservar
el dinero de la desvalorización monetaria, y que no forman parte de los activos
dedicados a la actividad principal de la sociedad y las colocaciones efectuadas
en otros entes (punto A.2. del capítulo III de la Resolución Técnica
N° 9)
c. Créditos
Deben
discriminarse los créditos por ventas de los bienes y servicios correspondientes
a las actividades habituales del ente, de los que no tengan ese origen (punto
A.3. del capítulo III de la Resolución Técnica Nº 9).
d. Bienes de cambio
*
destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente;
*
o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta;
*
o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o
servicios que se destinan a la venta;
*
y los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes.
e. Bienes de uso
Son
aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal
de la sociedad y no a la venta habitual, incluyendo a los que están en
construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compras de
estos bienes. Los bienes afectados a locación o arrendamiento se incluyen en
inversiones, excepto en el caso de firmas cuya actividad principal sea
precisamente la locación (punto A.5) del capítulo III de la Resolución Técnica
N° 9).
1-
El valor de recuperación que presumiblemente tendrá el bien cuando sea
desafectado del servicio.
2-
La capacidad de servicio esperada durante la vida útil estimada asignada al
bien, factor cuya evaluación requiere considerar:
* la política de mantenimiento
seguida por la sociedad;
* las situaciones que podrían
provocar la obsolescencia del bien (por ejemplo cambios tecnológicos o en el
mercado de los bienes producidos por la sociedad mediante su empleo);
3- La capacidad de servicio ya
utilizada por el uso del bien en condiciones normales, lo que ocasiona su desgaste o agotamiento, según los casos;
4- Los deterioros que pudiera
haber sufrido el bien por averías u otras razones;
5- La posibilidad de que algunas
partes importantes de un bien posean un desgaste o agotamiento claramente
diferenciables del resto de los componentes.
f. Bienes inmateriales
En
todos los casos, deben deducirse las amortizaciones acumuladas (art, 63, 11, f ) en función de un plazo
razonable de vida útil (punto 3.14. de las Normas Contables contenidas en la Resolución Técnica
N° 10).
g. Gastos y cargas afectados a futuros ejercicios
Conforme
a los principios contables, los costos diferidos, a diferencia de los costos
consumidos -que se imputan a una cuenta de Resultados del ejercicio- deben
imputarse a una cuenta del activo[34].
El
pasivo
Conceptualmente,
la ley distingue entre los pasivos -actuales o contingentes- hacia terceros
(art. 63, 2, I) y las cuentas del patrimonio neto (art. 63, 2, II).
Dentro
de la primera categoría, debemos segregar:
a)
Las deudas, indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las
financieras, las existentes con sociedades controlantes, controladas o
vinculadas, los debentures emitidos por la sociedad, los dividendos a pagar y
las deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal. Asimismo,
se mostrarán otros pasivos devengados que corresponda calcular (art, 62, 2, I,
a).
El
precepto no merece mayores comentarios. De su texto surge que:
*
deben distinguirse los pasivos exigibles y los devengados, es decir, las deudas
ya contraidas por la sociedad, pero no exigibles;
*
Los dividendos a pagar son un pasivo, a diferencia de las utilidades de
ejercicios anteriores, que integran el patrimonio neto.
b)
Las previsiones por eventualidades que se consideren susceptibles de concretarse
en obligaciones de la sociedad (emergentes de juicios en trámite,
indemnizaciones por despido, etcétera).
c)
Genéricamente, todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo hacia
terceros.
d)
Las rentas percibidas por adelantado y los ingresos cuya realización
corresponda a futuros ejercicios.
e) Todo otro rubro que por su
naturaleza represente un pasivo hacia terceros.
2.
EL ESTADO DE RESULTADOS y SU RELACIÓN CON EL BALANCE
Previo
a un análisis y desarrollo de estos conceptos, es menester tener presente, para
los no familiarizados con la técnica contable, su carácter contraintuitivo, que
conduce a errores si no se dominan los rudimentos de aquélla.
Intuitivamente,
tendemos a identificar el “haber” como algo “bueno”, el “debe” como algo que
tiene que ser evitado o minimizado, y a pensar que “haber” coincide con
“activo”, y “debe” con “pasivo”[35],
cuando en realidad, se añaden al activo el “debe” –en la columna de la
izquierda- y al pasivo el “haber”. Las cuentas del activo (bienes y derechos)
aumentarán su valor mediante anotaciones en el debe (parte izquierda), y
disminuirán su valor a través de registraciones en el haber (parte derecha).[36]
Así,
en su clásica obra ENRIQUE FOWLER NEWTON[37] expone las ecuaciones que
desarrollamos a continuación:
Patrimonio neto = activo –pasivo[38].
Patrimonio neto : capital + resultados anteriores +
resultados del ejercicio.
Siendo
iguales los primeros miembros, también lo son los segundos:
Activo – pasivo = capital + resultados anteriores +
resultados del ejercicio.
A
la vez, el resultado del período puede reemplazarse por el que surge de la
fórmula:
Resultado del ejercicio = ingresos – gastos + ganancias –
pérdidas[39].
Reagrupando
los datos en función de sus signos, resulta la siguiente igualdad:
|
Activo
|
=
|
Pasivo
|
|
+
Gastos
|
+
Capital
|
|
|
+Pérdidas
|
+
Resultados anteriores
|
|
|
+
Impuestos sobre las ganancias
|
+
Ingresos
|
|
|
|
+
Ganancias
|
Otras
obras contienen un esquema similar. Así, ROBERTO
MARIO RODRÍGUEZ[40] formula la partición que se transcribe
infra:
|
DÉBITOS
|
CRÉDITOS
|
|
ACTIVO
|
PASIVO
|
|
PÉRDIDAS
|
CAPITAL
|
|
|
GANANCIAS
|
¿Por
qué es así?
Hemos
señalado que la identidad base de la contabilidad es:
Activo
= Pasivo + Patrimonio Neto
En
la estructura del artículo 63 de la
LSC , el patrimonio neto aparece como un rubro del pasivo[41],
y ello no es así únicamente por la convención contable de igualar las partidas
activas y pasivas –se supone que el legislador no emplea términos superfluos-
sino porque las partidas del patrimonio pertenecen a los socios, quienes
constituyen una suerte de acreedores condicionales y subordinados, pero
titulares de derechos sobre el patrimonio social. Respecto de este punto ya nos
explayamos en otros artículos, y no reiteraremos los conceptos allí vertidos.
El
patrimonio neto se divide, pues, en capital –con su correspondiente ajuste por
inflación (artículo 62 in
fine, LS)- reservas y resultados positivos (ganancias). A la vez, las reservas
son utilidades retenidas (doctrina artículo 70, LSC). De allí, que toda
ganancia sea por definición un incremento del patrimonio neto, y a falta de
variaciones en los otros rubros –derivados de nuevos aportes[42]
o retiros[43]
de los propietarios- coincida exactamente la ganancia (o pérdida) del ejercicio
con el aumento (o reducción, si el resultado es negativo) del patrimonio neto.[44]
Si
la ganancia –del ejercicio o de ejercicios anteriores- está incluida en el
pasivo –aunque sea un pasivo no exigible, como lo son las cuentas del
patrimonio- debe asignarse a esa inclusión legal un significado jurídico, que
vaya más allá de las convenciones contables, y que brinde a éstas un marco
interpretativo acorde con el derecho. La explicación es que las ganancias
retenidas –se las incluya o no dentro de las reservas- y el capital constituyen
derechos de los socios contra la sociedad, aunque no se haya decidido la
distribución de dividendos.
A
toda cuenta patrimonial corresponde un activo, exigible o no, condicional o no,
subordinado o no. Y si las partidas del patrimonio conforman un pasivo,
forzosamente debemos concluir que los socios son los titulares activos de la
relación jurídica con la sociedad. De allí, que los aportes de los propietarios
–capital, su ajuste, primas de emisión- y las ganancias retenidas como reservas
o resultados no asignados tengan su correlato en derechos de los socios sobre
ellos.
Efectuada
esta introducción –tendiente a despejar nuestros prejuicios intuitivos- nos
concentremos en los resultados positivos (ganancias). Éstos, a grandes rasgos,
son la suma de ingresos obtenidos o devengados (incluidos incrementos de
activos) menos los costos incurridos o devengados en el ejercicio.
Si
las ganancias se agrupan con el pasivo –lato sensu- y como éstos son los
ingresos –incluido el incremento de existencias- menos los costos –incluidas en
la suma algebraica las existencias iniciales- deberemos añadir los ingresos al
“debe” y los costos al haber.
Para
facilitar su comprensión, transcribiremos a continuación un estado de
resultados real, omitiendo la denominación de la sociedad, y luego formularemos
los comentarios.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2008
|
|
|
(Cifras en Pesos)
|
|
Ej. Ant.
|
|
Resultado Producción Agrícola (Nota "D")
|
|
1.925.892,19
|
|
1.299.612,78
|
|
Resultado Producción Ganadera (Nota "E")
|
|
139.969,52
|
|
|
|
Utilidad
Bruta
|
|
2.065.861,71
|
|
1.299.612,78
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de Comercialización (Anexo II)
|
|
(902.633,58)
|
|
(126.790,22)
|
|
Gastos Administración (Anexo II)
|
|
(693.462,41)
|
|
(782.469,46)
|
|
Otros Ingresos
|
|
4.976.006,16
|
|
3.655.703,54
|
|
Otros Egresos
|
|
|
|
(267.588,42)
|
|
Gastos Financieros (Anexo II)
|
|
(241.129,52)
|
|
(12 .800,96)
|
|
Resultados por Tenencia de
Activos (Nota "C")
|
|
3.755.514,37
|
|
2.402.141,84
|
|
Resultado del ejercicio
|
|
8.960.156,73
|
|
6.167.809,10
|
ESTADO
DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO
Por el Ejercicio Económico
finalizado al 31 de Julio de 2008
|
|
Total del Patrimonio Neto
|
Aporte Propietarios
|
Ganancias Reservadas
|
Resultados No Asignados
|
Patrimonio Neto Ejercicio Anterior
|
||
|
Capital Social
|
Ajuste al Capital
|
Sub-Total Capital
|
Reserva Legal
|
||||
|
Saldo al Inicio
|
10.782.899,62
|
2,00
|
28.418,98
|
28.420,98
|
50.211,48
|
10.704.267,16
|
5.022.020,41
|
|
Asignación de honorarios
|
(300.000,00)
|
|
|
|
|
(300.000,00)
|
(180.000,00)
|
|
Impuesto a las Ganancias
|
(596.396,62)
|
|
|
|
|
(596.396,62)
|
(226.929,89)
|
|
Resultado del Ejercicio
|
8.960.156,73
|
|
|
|
|
8.960.156,73
|
6.167.809,10
|
|
Saldos al Cierre
|
18.846.659,73
|
2,00
|
28.418,98
|
28.420,98
|
50.211,48
|
18.768.027,27
|
10.782.899,62
|
BIENES
DE USO
Por el Ejercicio Económico
finalizado al 31 de Julio de 2008
|
Detalle
|
VALORES ORIGINALES
|
AMORTIZACIONES
|
NETO
RESULTANTE
|
||||
|
Al Inicio del Ejercicio
|
Incorporaciones del
Ejercicio
|
Al Cierre del Ejercicio
|
Acumuladas al Inicio
|
Del
Ejercicio
|
Totales
|
||
|
Equipos de Computación
|
28.730,64
|
6.772,17
|
35.502,81
|
26.159,52
|
3.550,28
|
29.709,80
|
5.793,01
|
|
Muebles y Útiles
|
49.047,37
|
|
49.047,37
|
49.047,37
|
|
49.047,37
|
|
|
Equipos e Instalaciones
|
118.644,62
|
|
118.644,62
|
115.535,77
|
3.108,85
|
118.644,62
|
|
|
Inmuebles
|
410.983,87
|
|
410.983,87
|
111.895,83
|
16.059,68
|
127.955,51
|
283.028,36
|
|
Implementos Agrícolas
|
394.607,70
|
123.485,56
|
518.093,26
|
359.748,59
|
59.556,22
|
419.304,81
|
98.788,45
|
|
Terrenos
|
7.322.382,07
|
142.329,00
|
7.464.711,07
|
|
|
|
7.464.711,07
|
|
Rodados
|
767.805,43
|
299.963,54
|
1.067.768,97
|
718.725,43
|
72.262,71
|
790.988,14
|
276.780,83
|
|
Totales
|
9.092.201,70
|
572.550,27
|
9.664.751,97
|
1.381.112,51
|
154.537,74
|
1.535.650,25
|
8.129.101,72
|
NOTA
“C”
RESULTADOS POR
TENENCIA DE ACTIVOS
Bienes de Cambio
Productos
Agrícolas (Nota “D”) $3.623.365,89
Productos
Ganaderos (Nota “E”) $ 132.148,48
NOTA “D”
RESULTADO
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Ventas 9.962.778,08
Existencia
Inicial 2.737.731,00
Más: Gastos s/ Cuadro I 7.096.734,06
Subtotal 9.834.465,06
Más: Resultado por
Tenencia 3.623.365,89
Menos: Existencia Final
(5.420.945,06)
Costo
de Producción
8.036.885,89
Resultado
Producción Agrícola
1.925.892,19
NOTA
“E”
RESULTADO
PRODUCCIÓN GANADERA
Ventas
485.536,11
Existencia
Inicial 424.269,00
Más: Gastos
s/Cuadro I 1.110.768,43
Subtotal 1.535.037.43
Más: Resultado Por Tenencia 132.148,48
Menos: Existencia
Final
(1.348.619,32)
Costos
de Producción
318.566,59
Resultado
Producción Ganadera
139.969,52
Ventas
o resultados de las prestaciones de servicios
Todo ingreso entraña
una variación patrimonial positiva, no vinculada con movimientos de capital,
pero sí con la actividad principal del ente; arquetípicamente, las ventas de bienes o las prestaciones o
locaciones de servicios.
La generación de ingresos se relaciona con
los costos de las mercaderías vendidas (mercaderías compradas), de los
productos elaborados (materias primas, mano de obra directa y gastos indirectos
de producción) o de los servicios prestados (servicios profesionales, mano de
obra directa, alquileres, licencias por uso de marcas, comisiones, intereses).
La utilidad
bruta surge de deducir del valor percibido o devengado de las ventas de
bienes o servicios prestados, el costo de las mercaderías o productos vendidos
(artículo 64, I. a).[45]
2.1. Las existencias, el costo de las
mercaderías o productos vendidos y los resultados por tenencia
Según el artículo
65, inciso 2) e) de la ley 19.550, uno de los cuadros anexos es “el costo de las mercaderías o productos
vendidos, detallando las existencias de bienes de cambio al comienzo del ejercicio,
las compras o el costo de producción del ejercicio, analizado por grandes
rubros, y la existencia de bienes de cambio al cierre”.
Todo aumento de las existencias es un
incremento del activo y –caeteris paribus, es decir si no hay un incremento
correlativo del pasivo, como sucede cuando se compra con financiación- un
suceso que engrosa el patrimonio neto, y por ende la ganancia de la empresa. En
los libros de economía –en los cuales el enfoque contable es sólo un
instrumento para explicar las variables económicas- el crecimiento de las
existencias se equipara a las ventas, como ingreso[46].
Contablemente, se
procede de una manera distinta que, si bien conduce al mismo resultado numérico
final –aritméticamente es igual restar costos que adicionar ingresos- resulta a
nuestro criterio conceptualmente equívoca: en vez de sumarse los aumentos de
existencias a los ingresos –ya que éstos no necesariamente deben ser
dinerarios- se restan del costo, mediante la fórmula:
En ese esquema,
mientras mayores sean las existencias finales, menor será el costo de la
mercadería vendida.
Una vez fijado el costo de la mercadería
vendida podemos determinar:
Ventas – Costo de las mercaderías vendidas =
Resultado Bruto sobre ventas.
Las existencias de bienes de cambio al
comienzo del ejercicio, más las compras o la producción menos las ventas,
arrojan un saldo de aumento o disminución de aquéllas.
Cuando se trata de la
actividad comercial, reemplazamos, en la ecuación anterior “compras o costos de
producción” por “compras”.
Suponiendo que no
varíen otros rubros –para aislar su efecto en el estado de resultados- un
aumento de las existencias –si no disminuyen las disponibilidades o no se
incrementan las obligaciones a pagar- significa un acrecentamiento patrimonial.
Desde ese punto de vista, las existencias iniciales son equivalentes a un
costo, y la diferencia con las existencias finales representa un saldo positivo
o negativo, según que éstas sean superiores o inferiores a aquéllas.
Hemos prescindido
momentáneamente de la inflación y de los llamados “resultados por tenencia”
(positivos), consistentes en la valorización de los bienes de cambio entre su
adquisición o tenencia inicial y el cierre del ejercicio, que no sea una simple
contracara de la desvalorización de la moneda[48], sino un efectivo incremento del valor de
los bienes en términos reales. Por ejemplo, para un productor sojero, el
aumento en moneda constante del precio de mercado de la soja: aunque no esté
vendida, el plus valor de su sola tenencia comporta una ganancia, pues
incrementa el valor de ese activo.
El ajuste por
inflación –esencial para que los estados contables se acerquen a la realidad,
para evitar la exposición de balances y estados de resultados que presenten
ganancias inexistentes- es materia de tratamiento por separado, y ha sido
objeto de artículos y ponencias al respecto.
De ese importe, para
determinar la utilidad neta, se restan los gastos ordinarios de administración,
de comercialización, de financiación y otros que corresponda cargar al
ejercicio, debiendo hacerse constar, especialmente, los montos de:
1) Retribuciones de administradores,
directores y síndicos (artículo 64, I. b), 1)
Un problema más
aparente que real se presenta con relación a los honorarios del directorio y el
consejo de vigilancia, cuando consisten en una participación en las ganancias
(artículo 261, LS), por el supuesto carácter circular del problema: las ganancias
disminuyen por los costos, y a la vez uno de los costos depende –en este caso-
de las ganancias.
Sin embargo, el
intríngulis se desvanece acudiendo al álgebra. Suponiendo –al efecto de aislar
en el análisis- que el único costo sean esos honorarios, y que representen el
25% de las ganancias del ejercicio:
Ingresos – Costos =
Ganancias.
En adelante, los
llamaremos “I” (ingresos), “C” (costos) y “G” (ganancias).
En la hipótesis
señalada, el único costo son los honorarios, que importan el 25% de las
ganancias, es decir:
I – C = G;
I - 0,25 G = G
G + 0,25 G = I
Sacando factor común
“G”:
G (1 + 0,25) = I.
Pasando los términos:
G = I /(1 + 0,25) = I/
1,25.
Dada una ganancia
(antes de calcular los honorarios) de 100; la ganancia neta –descontando
aquéllos- es:
100/1,25 = 80.
Queda una ganancia
neta de 80. El 25% -la cuarta parte- de 80 es 20, que sumado a lo anterior,
arroja el total de 100.
2) Otros honorarios y retribuciones por
servicios (art.64, I, b, 2)
Está implícito que
se refiere a los costos fijos[49], independientes del costo de adquisición de las mercaderías, de
producción de los bienes o de prestación de los servicios, que ya se encuentran
incluidos –y fueron deducidos- para calcular la utilidad bruta (artículo 64, I,
a).
3) Sueldos y jornales y las contribuciones
sociales respectivas (artículo 64, I,b, 3)
Caben iguales
consideraciones que con relación a lo anterior. Son las remuneraciones del
personal administrativo, independientes del nivel de comercialización o producción. Las retribuciones del personal
comprendido directamente en la producción, en la comercialización y las cargas
sociales de aquél ya fueron restadas para calcular la utilidad bruta.
4) Gastos de estudios e investigaciones
(artículo 64, I, b, 4).
Se limita a las
erogaciones dirigidas a desarrollar nuevas tecnologías o productos, ya que los
gastos incurridos o devengados en estudios de comercialización u otros
vinculados a lo administrativo o empresarial deben cargarse en el rubro
“honorarios y otras retribuciones por servicios”[50].
5) Regalías por servicios técnicos
Como bien señala CABANELLAS DE LAS CUEVAS[51], la discriminación de estos rubros se
cimenta en su particular tratamiento fiscal, sobre todo en el supuesto de que
los pagos se remesen al exterior, y en las dificultades para determinar el
valor de mercado de las prestaciones[52], cuando se realizan con sociedades
controlantes, lo que debe ser materia de especial mención en el estado de
resultados (artículo 64, inciso I, b, 8) o en las notas complementarias (art.
65, 1, g ).
6) Los gastos por publicidad y propaganda
Dentro de la empresa
moderna, cuando se producen bienes o servicios diferenciados –que es la
generalidad; los “commodities” agrícolas o mineros tienen precios uniformes,
porque son productos idénticos- se pueden retener o ganar mercados mediante la
reducción de precios –lo que difícilmente sea rentable si la demanda es
inelástica a la baja- a través de la publicidad, o con una combinación de ambas
políticas.
Cuando la
elasticidad es superior a la unidad[53], las ofertas de bajas de precios producen
efectos positivos desde el punto de vista de los ingresos. De lo contrario, en
mercados competitivos –aunque sean imperfectamente competitivos- y con
diferenciación de productos o servicios, las compañías no pueden prescindir de
la publicidad.
7)
Impuestos, tasas y contribuciones,
incluyendo por separado los intereses, multas y recargos
Los impuestos, las
tasas y las contribuciones son especies del género tributo: una prestación
obligatoria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio, que da
lugar a relaciones de derecho público[54]. La clasificación –como ocurre siempre,
no solamente en materia jurídica- está impregnada de un cierto grado de
arbitrariedad[55], puesto que se supone que, lato sensu,
todo impuesto debe cumplir una finalidad pública y conforma –o debe conformar-
la contraprestación estatal o los fondos que requiere de los individuos y
empresas.
Los impuestos se
caracterizan porque la obligación que nace en cabeza del contribuyente es
independiente de toda actividad estatal específica relativa a aquél.[56]
Las tasas, en cambio
son tributos cuyo hecho imponible es una efectiva, concreta e individualizada
prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado –bien o
acto- del contribuyente[57].
Las contribuciones especiales –que según
GIULIANI FONROUGE se ubican en una categoría intermedia entre los impuestos y
las tasas[58]- son prestaciones obligatorias debidas en
razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la
realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado.
Quedan incluidos los
impuestos directos y los indirectos. La imposición y recaudación de los
primeros es, como regla constitucional lamentablemente relegada al arcón de los
trastos en desuso, de competencia provincial
y excepcionalmente, por tiempo determinado, de la nación[59]. Para establecer impuestos indirectos, el
Estado nacional y las provincias tienen facultades concurrentes.
A partir de la
reforma de 1994, la autonomía municipal goza de rango constitucional (artículo
123 de la Ley
Fundamental ); pero de allí no deriva que los municipios
puedan establecer tributos sin ley, porque el principio de legalidad tributaria
lo interdice[60], aunque los poderes públicos no son
respetuosos de las normas que limitan su accionar.
Por separado deberán
exponerse los intereses, multas y recargos, cuyos importes suelen ser
confiscatorios.[61] Además, viola los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional ,
y 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica, que la administración pueda, por sí
y ante sí, fijar multas por supuesta defraudación, la que en la tosca
comprensión de las autoridades fiscales, deriva del solo incumplimiento, que a
la vez es determinado por el propio poder ejecutivo, en base a sus
interpretaciones retorcidas de las leyes tributarias -siempre sesgadas en
contra del contribuyente y contrarias al principio de razonabilidad- o peor
aún, de sus innumerables disposiciones reglamentarias.
8) Intereses pagados o devengados
Todo el sistema de
contabilización reposa en el criterio de lo devengado: los activos se
consideran incorporados y los pasivos generados, a partir del hecho jurídico
que da lugar a su nacimiento, con prescindencia de su pago.
En un sistema que,
al no permitirse la exposición de los estados contables en moneda constante,
liquidar los intereses prescindiendo de la inflación conduce a profundas
distorsiones.
Así, si la inflación
anual es del 30% y los intereses –tasa efectiva- del 35% en igual período, la
tasa de interés real asciende al 3,84% en ese lapso, por lo siguiente:
El capital más los
intereses (i) se pueden fijar en tanto por ciento o tanto por uno, en este
último caso suprimiendo ceros o corriendo comas dos lugares hacia atrás. De
igual forma se procede con la inflación, a la que convencionalmente llamamos d
(desvalorización monetaria):
Int. real = 1
+ i - 1 = 1
+ 0,35 - 1 = 1,35 – 1 = 1,03846154 – 1 = 0,03846154
= 3,84%
1+d 1+ 0,30 1,30
* La fórmula y los
cálculos precedentes se explican porque, con un interés del 35% anual, $ 100 se
transforman en $ 135; y a una tasa de inflación del 30% en el mismo período, $
100 iniciales equivalen a $ 130 al finalizar el año; 135/130 es igual a 1,35/1,30 = 1,03846154.
* Al resultado
anterior se resta 1 (uno), porque es el valor inicial, antes de la inflación y
de los intereses: 1,03846154 – 1 = 0,03846154.
*
Ese guarismo, expresado en tanto por ciento y suprimiendo los cuatro últimos decimales,
resulta de multiplicar por cien: 3,84%.
De
allí que contabilizar únicamente los intereses sin segregar el componente
inflacionario, conduzca a sobrevaluar –según el caso- pasivos y activos.
9)
Amortizaciones y previsiones
Los
bienes de uso como construcciones, instalaciones, muebles y útiles, maquinaria
fabril, agrícola o ganadera, automotores, aviones y embarcaciones; se
desvalorizan por el transcurso del tiempo, en un sentido físico y económico:
*
Físico, por el desgaste natural que produce su utilización.
*
Económico, ya que aunque no se usen, el solo paso de los años y las
innovaciones tecnológicas conducen a su obsolescencia absoluta o relativa.
Dado
que una sociedad debe reponer esos bienes para no descapitalizarse, la
amortización comporta un costo económico y contable, aunque no entrañe una
erogación.
La
ley 20.628 de impuesto a las ganancias y sus normas modificatorias y
reglamentarias establecen los siguientes criterios y porcentuales de
amortización:
*
En concepto de amortización de edificios y demás construcciones sobre inmuebles
afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados por el
impuesto, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el DOS POR CIENTO (2 %)
anual sobre el costo del edificio o construcción, o sobre la parte del valor de
adquisición atribuible a los mismos (artículo 83, ley 20.628).
Al
efecto del cálculo de aquélla, deberá practicarse desde el inicio del trimestre
del ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiera producido la afectación
del bien, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el
trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten
de la actividad o inversión.
En
concepto de amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los
bienes -excepto inmuebles- empleados por el contribuyente para producir
ganancias gravadas, se acepta deducir la suma que resulte de acuerdo con las
normas que se enuncian a continuación:
1)
Se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a
los años de vida útil probable de los mismos. La Dirección General
Impositiva podrá admitir un procedimiento distinto (unidades producidas, horas
trabajadas, etcétera) cuando razones de orden técnico lo justifiquen (artículo
84, ley 20.628).
2)
A la cuota de amortización ordinaria calculada conforme con lo dispuesto en el
apartado anterior, o a la cuota de amortización efectuada por el contribuyente
con arreglo a normas especiales, se le aplicará el índice de actualización
mencionado en el artículo 89, referido a la fecha de adquisición o construcción
que indique la tabla elaborada por la Dirección General
Impositiva para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal
que se liquida. El importe así obtenido será la amortización anual deducible.
Inconstitucionalmente,
el artículo 39 de la ley 24.073 suspendió el ajuste por inflación a partir de
abril de 1992[62];
de igual forma que –como señalamos en otra parte- los decretos 316/95 y 664/03. La falta de ajuste por inflación conduce a una tributación
confiscatoria, ya que se gravan ganancias que no son reales, ajustadas en
moneda constante.
2.2. Amortización de los bienes
inmateriales
Existen
ciertos bienes inmateriales como patentes, que conforme a la ley 24.481
modificada por la ley 24.572 y la ley 25.589, tienen una vigencia temporal
limitada (20 años, según el artículo 35). La extinción veinteñal de ese derecho
determina que se amortice a razón del 5% anual.
El
artículo 5 de la ley 22.362 establece
que el término de duración de la marca registrada será de 10 años, pero puede
ser renovada indefinidamente por períodos iguales si es utilizada dentro de los
5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la
prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad. De
allí que el supuesto de uso efectivo, no esté sometida a caducidad y por ende,
no es amortizable.
Tanto
para los bienes de uso como para los inmateriales amortizables, el artículo 65
de la LSC dispone
que deben consignarse especialmente las amortizaciones acumuladas en cuadros
anexos[64].
2.3. Las previsiones
La
ley contempla en distintos preceptos las previsiones:
*
Las que se restan del activo; previsiones por créditos de dudoso cobro
(artículo 63, inciso 1, b, LSC).
*
Las que se cargan al pasivo (art. 63, inciso 2, b), como ser previsiones de
indemnizaciones por despido, por accidentes o por juicios en trámite contra la
sociedad que puedan conducir a condenas, asignando un valor que dependerá de la
viabilidad del reclamo a criterio de los asesores de la firma, multiplicando el
valor de la demanda o pretensión extrajudicial por la probabilidad de que se
concrete en una obligación exigible de pagarla.
2.4. Ganancias y gastos extraordinarios
del ejercicio
El
concepto de ganancia o gasto extraordinario es cualitativo y cuantitativo. Una
ganancia puede ser extraordinaria en términos numéricos por superar las de
ejercicios anteriores –o revertir pérdidas- pero no asumir tal carácter en lo
cualitativo por no haberse modificado sustancialmente ninguna de las causas que
la originan: ni mayor eficiencia, ni cambios sustanciales en la política de
producción o comercialización, ni reorganización administrativa, ni mayor
penetración en el mercado. A la inversa, un ejercicio puede arrojar un
resultado positivo por un evento extraordinario –como lo es la venta a un
precio excepcional de un bien de uso, o la prescripción de un pasivo importante,
o la remisión total o parcial de una deuda, o el acogimiento a un plan fiscal
de facilidades que contenga quitas o esperas con bajos intereses, que reduzcan
el valor presente de ese pasivo- y no sería prudente ni arrojaría información
suficiente a los accionistas presentar la ganancia nuda, sin explicar las
razones por las cuales se obtuvo esa utilidad que reviste carácter accidental,
excepcional y en ocasiones, totalmente ajeno al mérito de la gestión del órgano
de administración.
Al
decir de ALBERTO VÍCTOR VERÓN[65], “los
resultados ordinarios son aquellos resultados típicos y habituales que surgen
de la actividad normal objeto de la
empresa, y también atribuibles al ejercicio en el que se registran. También
“parece existir una aprobación general por lo que respecta a la inclusión de
pérdidas o ganancias extraordinarias como ingresos o gastos ordinarios si la
cantidad no es de importancia y si no resulta en la deformación de las partidas
corrientes, afectando así adversamente las comparaciones.”
No compartimos ese último criterio, que no es
propio de Verón, sino del autor que cita[66]; al menos, no compartimos la generalidad con que
está enunciado. Si un bien de uso significativo dentro de la estructura
patrimonial de la sociedad, o de su valor estratégico, es enajenado a un precio
apenas superior al de adquisición menos las amortizaciones acumuladas,
patrimonialmente no aparecerá expuesta una ganancia extraordinaria, cuando es
probable que en realidad, haya una pérdida extraordinaria por haberse vendido
por un valor inferior o muy inferior al de mercado.[67]
El
artículo 66 de la ley 19.550 se enrola en una postura cualitativa-cuantitativa,
cuando obliga a los administradores a exponer en la memoria, “...2) una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen, y
de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren
significativos”.
2.5. Ajustes de ejercicios
anteriores
El
artículo 64, I, d de la LSC
establece que deben incluirse en el estado de resultados “los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores” .
Coincidimos
con la opinión de VERÓN[68], de que
la ley no ha sido afortunada puesto que al exigir también un estado de
evolución del patrimonio neto (que antes de la reforma de la ley 22.903 se
refería sólo a la cuenta de resultados acumulados), la información concerniente
a los ajustes provenientes de operaciones (pérdidas o ganancias) que
corresponde imputar a ejercicios anteriores debe figurar en el estado de
evolución del patrimonio neto y no en el estado de resultados del ejercicio.
2.6. Estado
de evolución del patrimonio neto
La
ley 22.903 modificó el artículo 64 de la ley 19.550, reemplazando el estado de
resultados acumulados por el estado de evolución del patrimonio neto. La
reforma en este aspecto ha sido acertada y de mayor precisión técnica, dado que
los resultados son únicamente un rubro del patrimonio, además del capital y de
las reservas (artículo 63, II, d)[69].
En
realidad, la técnica contable ha añadido conceptos que no integran ninguno de
esos ítems:
*
Al capital, se suma el ajuste del capital por desvalorización monetaria. En
torno a las sucesivas prohibiciones de expresar los estados contables en moneda
constante, nos remitimos a lo expuesto ut supra.
*
La práctica de incluir los “aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos
de capital” en una cuenta patrimonial cercana al capital –como aporte de los
propietarios- es discutible, porque mientras no ha sido aprobado el aumento de
capital por la asamblea, no es otra cosa que un préstamo, que puede inclusive
provenir de un tercero no accionista; y los socios tienen el derecho de
suscripción preferente, en caso de que tenga lugar la aprobación (artículo 194,
LS), salvo los supuestos excepcionales del art. 197.
*
Los revalúos técnicos no son otra cosa que la reexpresión de los activos total
o parcialmente amortizados, para ajustarlos a su valor de productividad o de
mercado. No comportan un aumento del patrimonio, sino una acomodación numérica
a la realidad económica. Forman parte de los aportes de los propietarios.
*
Las reservas legales, contractuales y voluntarias integran el patrimonio neto.
*
Las “reservas por primas de emisión” son consideradas por la ley como tales
(artículos 64, II, b y 202), aunque económicamente –y también desde el punto de
vista jurídico- son aportes de los propietarios, no reservas provenientes de
las utilidades de la sociedad (artículo 70). De allí, que el ordenamiento legal
haya dispuesto que el saldo que arroje el importe de la prima “es distribuible con los requisitos de los
artículos 203 y 204” ; es decir, que la distribución se asemeja a una
reducción de capital, y por ello:
1)
Debe ser resuelta por la asamblea extraordinaria con informe fundado del
síndico, en su caso (art. 203).
2)
La resolución da a los acreedores el derecho de oponerse –tras la publicidad
edictal que prevé el artículo 83, inciso 2- y embargar, ser pagado o
garantizado (artículo 83, inciso 2).
*
Las utilidades se identifican con el incremento del patrimonio neto, cuando no
hay nuevos aportes de los propietarios, ni retiros de dividendos, ni rescate,
cancelación o amortización de acciones, sucesos que lo reducen.
*
De modo simétricamente opuesto, las pérdidas son por definición equivalentes a
la reducción del patrimonio neto, cuando no existen aumentos de capital,
reintegro o aportes a cuenta de futuros aumentos de capital.
*
El cobro de dividendos reduce la cuenta de resultados acumulados, y por ende,
el patrimonio neto.
*
El impuesto a las ganancias reduce el patrimonio neto.
Por
razones de claridad expositiva, reproducimos un Estado de Evolución del
Patrimonio Neto que no contempla todas estas variaciones, pero brinda una idea
acerca de la forma de su presentación:
ESTADO
DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO
Por el Ejercicio Económico
finalizado al 31 de Julio de 2008
|
|
Total del Patrimonio Neto
|
Aporte Propietarios
|
Ganancias Reservadas
|
Resultados No Asignados
|
Patrimonio Neto Ejercicio Anterior
|
||
|
Capital Social
|
Ajuste al Capital
|
Sub-Total Capital
|
Reserva Legal
|
||||
|
Saldo al Inicio
|
10.782.899,62
|
2,00
|
28.418,98
|
28.420,98
|
50.211,48
|
10.704.267,16
|
5.022.020,41
|
|
Asignación de honorarios
|
(300.000,00)
|
|
|
|
|
(300.000,00)
|
(180.000,00)
|
|
Impuesto a las Ganancias
|
(596.396,62)
|
|
|
|
|
(596.396,62)
|
(226.929,89)
|
|
Resultado del Ejercicio
|
8.960.156,73
|
|
|
|
|
8.960.156,73
|
6.167.809,10
|
|
Saldos al Cierre
|
18.846.659,73
|
2,00
|
28.418,98
|
28.420,98
|
50.211,48
|
18.768.027,27
|
10.782.899,62
|
Siguiendo una mala
práctica –que es casi unánime- no se incluyen otras reservas que la legal,
sustituyéndoselas por “resultados no asignados”, lo que conforma un arbitrio
para disimular la constitución de reservas sin cumplir los requisitos exigidos
por los artículos 66, inciso 3 y 70 de la LSC. Ampliaremos
infra, sobre el tema.
2.7. Notas
a los estados contables
Las notas a los
estados contables –que teóricamente tienen como función aclarar los aspectos
que carecen de explicación por sí solos- con deplorable frecuencia nada agregan
al campo cognoscitivo de los socios.
Las notas o
información complementaria, “que
forma parte de los estados básicos, debe contener todos los datos que, siendo necesarios para la adecuada comprensión de la situación patrimonial
y de resultados del ente, no se encuentran expuestos en el cuerpo de
dichos estados”[70]. Son verdades de Perogrullo que las
aclaratorias debe aclarar, y la información complementaria debe complementar los
estados contables, pero muchas veces las notas nada agregan ni complementan,
constituyendo meras formalidades.
2.8. La Memoria
La
memoria no sólo está prevista en el art. 66 de la LSC , sino que también es
aludida en el artículo 234, inciso 1 de dicho ordenamiento (“Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y
resolver los siguientes asuntos:…. memoria”).
“...b) Debe redactarse
siguiendo los principios de veracidad
y exactitud con que deben confeccionarse los estados contables[72]...
“...d) Su insuficiencia o vaguedad puede
ocasionar la nulidad de la decisión asamblearia que aprueba los estados
contables”.
Dispone el artículo 66 de la LSC :
“Los administradores deberán informar
en la memoria sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades en
que haya operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros
aspectos que se considere necesarios para ilustrar sobre la situación presente
y futura de la sociedad. Del informe deben resultar:
1) Las razones de variaciones
significativas operadas en las partidas del activo y pasivo;
2) una adecuada explicación sobre los
gastos y ganancias extraordinarias y su origen, y de los ajustes por ganancias
y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos;
3) las razones por las cuales se
propone la constitución de reservas, explicadas clara y circunstanciadamente;
4) las causas, detalladamente
expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de
ganancias en otra forma que en efectivo;
5) estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones;
6) las relaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas;
7) los rubros no mostrados en el estado de resultados –art. 64 I b- por formar parte los mismos, parcial o totalmente, de los costos de bienes del activo.”
5) estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones;
6) las relaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas;
7) los rubros no mostrados en el estado de resultados –art. 64 I b- por formar parte los mismos, parcial o totalmente, de los costos de bienes del activo.”
La
memoria es, en suma, la relación escrita en la que, por mandato de la ley, el
órgano de administración da cuenta a los accionistas de la marcha de los
negocios sociales en el período abarcado en el ejercicio social, así como su
opinión sobre las proyecciones de la empresa[73]. Su ausencia, insuficiencia o vaguedad, según NISSEN, pueden ocasionar la nulidad de la decisión asamblearia que
aprueba los estados contables[74], pero –a diferencia del balance- no puede ser rehecha por la asamblea,
pues se trata de información emanada del órgano competente para proporcionarla[75]. Su aprobación formal por la asamblea no supone aprobación de la gestión
de los administradores (art. 72).
De
la disposición transcripta, surge que la memoria abarca más aspectos que la
definición (incisos 3, 4, 6 y 7). A los socios no solamente les interesa la
marcha de los negocios sociales, sino la incidencia de aquéllos en su propio
patrimonio o finanzas. Por ese motivo, la constitución de reservas –sin duda
patrimonialmente más “beneficiosa” para la sociedad como ente empresario que la
distribución de dividendos- debe considerarse un hecho que requiere
explicaciones precisas, dado que los socios constituyeron la sociedad o se
incorporaron a ella para obtener beneficios (arts. 1, 13 y concordantes de la L.S .C.).
Las
reservas deben ser razonables y obedecer a una prudente administración (art.
70), no a un capricho de los socios mayoritarios, ni a su propósito de expoliar
a las minorías, casos en que la decisión social aprobatoria estaría viciada en
su causa, por ser contraria al interés social, apreciado no desde la
perspectiva del ente, sino del sujeto como ente contractual, nacido para
distribuir ganancias (art. 1).
La
sociedad se constituye para distribuir beneficios entre los socios (artículo 1°
de la LSC ). Las
decisiones que se aparten en forma permanente de ese objetivo primordial son
contrarias a la causa fin genérica y abstracta del negocio jurídico societario
(art. 1° citado) y deben ser miradas con disfavor[76].
La
ley autoriza la constitución de reservas con las ganancias realizadas y
líquidas que no se distribuyan, como medio de fortalecer económica y
financieramente a la sociedad, pero deben supeditarse a los siguientes
requisitos, establecidos en el art. 70:
*
Que sean razonables y respondan a una prudente administración.
*
En las sociedades por acciones, cuando su monto exceda del capital social y las
reservas legales, se adopte con la mayoría exigida por el art. 244, última
parte (mayoría absoluta del capital).
*
Que en la memoria se explique de manera pormenorizada la razón por la que se
propone su constitución (art. 66).
El
test de razonabilidad dependerá de la evaluación de diversas circunstancias de
hecho. Si la relación patrimonio-necesidades de giro de la sociedad es ya
holgadamente satisfactoria, o si ya existen reservas considerables, la
formación de reservas adicionales no parece adecuarse a la causa fin genérica
propia de toda sociedad comercial, que es la distribución de dividendos entre
los socios[77].
En
Estados Unidos de Norteamérica, es un clásico el caso "Dodge c/ Ford Motor
Company". En la época que se sustanció el juicio, resuelto en definitiva
en 1919, el activo de Ford valía 132 millones de dólares, el pasivo era de
solamente 18 millones, y el capital social ascendía apenas a 1,8 millones, integrado
en su mayor parte con ganancias repartidas como dividendos en acciones. Las
reservas y utilidades retenidas estaban en el orden de los 112 millones de
dólares estadounidenses. Las disponibilidades llegaban a 54 millones de
dólares, y los ingresos netos anuales promediaban los 60 millones de dólares.
Después de octubre de 1915, no pagó más dividendos extraordinarios. Los dos
hermanos Dodge, que detentaban la décima parte del capital, demandaron a la
sociedad para que se le ordenara distribuir, como dividendo extraordinario, no
menos de las tres cuartas partes de las disponibilidades.
La postura del demandado fue que
el interés social de la corporation no era la ganancia y su distribución entre
los accionistas, sino la máxima reinversión para fabricar automóviles cada vez
más baratos en cantidad creciente, brindar fuentes de trabajo y en general, la
prosperidad de la comunidad. La sentencia hizo lugar a la demanda, y ordenó
pagar un dividendo de más de 19 millones de dólares[78].
IV. PRESENTACIÓN DE LOS
ESTADOS CONTABLES
Dispone
el articulo 62 de la ley 19.550:
“Las sociedades deberán hacer constar
en sus balances de ejercicio la fecha en que se cumple el plazo de duración. En
la medida aplicable según el tipo, darán cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
67, primer párrafo".
"Las sociedades de
responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo
299, inciso 21 y las sociedades por acciones deberán presentar los estados
contables anuales regulados por los artículos 63 a 65 y cumplir el artículo 66.”
"Sin perjuicio de ello, las
sociedades controlantes de acuerdo al art. 33, inciso 1, deberán presentar como
información complementaria, estados contables anuales consolidados,
confeccionados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente
aceptados y a las normas que establezca la autoridad de contralor”.
"La Comisión Nacional
de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán exigir a las
sociedades incluidas en el artículo 299, la presentación de un estado de origen
y aplicación de fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de
análisis de los estados contables. Entiéndese por fondos el activo corriente,
menos el pasivo corriente".
"Ajuste"
"Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante".
"Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante".
La
norma merece, como comentarios especiales:
¿Quiénes, y antes quiénes, deben
presentar los estados contables?
Los
estados contables deben ser sometidos por los administradores a la
consideración de los socios.
El
mentado artículo 62 no es claro, y una lectura ligera de su texto daría lugar a
que se piense que únicamente en las sociedades por acciones y en las sociedades
de responsabilidad limitada cuyo capital llegue al valor previsto en el
artículo 299, inciso 2, los administradores tienen esa obligación hacia los
socios. Ello sería irracional, y contradictorio con las reglas de los artículos
11 y 68 de la ley de sociedades comerciales: si sólo se pueden distribuir
dividendos por ganancias realizadas y líquidas que surjan de un balance
confeccionado conforme a la ley y al estatuto, y aprobado por la reunión de
socios (artículo 68); si el contrato constitutivo –que es ley para las partes-
debe prever las reglas para la distribución de las ganancias (artículo 11); y
si la causa fin del contrato de sociedad es la obtención de ganancias y su
participación en ellas por los socios (artículo 1), resulta inconcebible pensar
que los administradores estén dispensados de someter, en cualquier tipo
social, los estados contables a la
consideración de los socios.
Acerca
del Estado de Origen y Aplicación de Fondo –reemplazado por el más preciso y
pertinente Estado de Flujo de Efectivo- ya nos hemos explayado.
Finalmente,
la exposición de los estados contables en moneda constante (artículo 62 in fine, introducido por
la ley 22.903) es la única forma de reflejar la realidad económica de la
sociedad. La negación consciente de la inflación –sea porque se la proclame
vencida o discordante con la ley 23.928 (decreto 316/95), sea porque se piense
que es parte esencial de determinado “modelo” proclamar la mentira como
progresista- es contraria no solamente
al principio de veracidad de los estados contables, sino al principio de
veracidad que debe presidir las relaciones jurídicas y humanas.
V. LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
Tienen
por finalidad, de acuerdo con la Resolución Técnica n° 4, de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, "presentar la situación patrimonial
y financiera y los resultados de las operaciones de un grupo de sociedades
relacionadas en razón de un control común, ejercido por parte de una sociedad como si el grupo fuera una sola sociedad con
una o más sucursales o divisiones. Ello implica presentar información
equivalente a la que se expondría si se tratase de un ente único, desde el
punto de vista de los socios o accionistas de la sociedad controlante".
Se
entiende por estados consolidados "a los de un grupo económico constituido, en razón de la
existencia de un control común, por la sociedad controlante y las sociedades
controladas por ella, dando adecuada consideración a los intereses de terceros
ajenos a los propietarios de la sociedad controlante".
El
método de consolidación es, en lo más importante, el que se transcribe:
1)
Las inversiones en sociedades controladas (art. 63, inc. 1° d de la LSC ) son sustituidas por los
activos y pasivos de éstas, los que se agrupan con los de la sociedad
controlante.
2)
Debe segregarse la porción del patrimonio neto total perteneciente a los otros
propietarios (participación minoritaria), computada antes de las eliminaciones
y de los ajustes de consolidación.
3)
Los créditos y deudas entre miembros del ente consolidado deben eliminarse
completamente previa su adecuada conciliación.
4)
Las operaciones entre miembros del ente consolidado deben eliminarse
totalmente, teniendo en cuenta lo indicado en el inciso siguiente.
5)
Los resultados no trascendidos a terceros y originados por operaciones entre
miembros del ente consolidado, que estén contenidos en los saldos finales de
activos, se eliminan en la proporción atribuible a la participación
mayoritaria, pues la porción atribuible a la participación minoritaria se
considera resultado trascendido a terceros.
La
norma sólo rige para las sociedades controlantes. Conforme a la citada
Resolución Técnica N° 4, "las
sociedades controladas que formen parte de un grupo económico...deben
identificarlo claramente en nota a sus estados contables".
VI. EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES EN MONEDA CONSTANTE
Este
agregado fue introducido por la ley 22.903, en un contexto económico signado
por elevadas tasas de depreciación monetaria.
La
moneda argentina se desvalorizó a un ritmo continuado que no reconoce
precedentes en el mundo. Otros países (Alemania en 1923, Checoslovaquia,
Polonia) conocieron hiperinflaciones, pero en etapas de postguerra. Además, su
duración fue relativamente corta.
En
cambio, desde 1945 Argentina sufrió una inflación permanente. Al peso moneda
nacional se le suprimieron dos ceros, con la sanción de la ley 18.188. En 1983,
se creó el peso argentino, quitándose cuatro ceros. En 1985, por decreto
1096/85 se dio nacimiento al austral, equivaliendo un austral a mil pesos
argentinos (lo que entrañó la supresión de tres ceros). A fines de 1992, y
después de la reforma de la ley 23.928, comenzó a circular el "peso
convertible", equivalente a diez
mil australes.
En
otras palabras, un peso actual es igual a diez billones de pesos moneda
nacional.
Obviamente,
ante inflaciones de esa magnitud, los estados contables, si no son ajustados
para reflejar la incidencia de la depreciación monetaria, pierden toda utilidad
y relevancia como información a los accionistas, y pudiendo conducir a la
distribución de dividendos ficticios, la tributación sobre ganancias
inexistentes, y la frustración de los derechos del accionista recedente,
excluido, o cuyas acciones son rescatadas o amortizadas.
La
reforma de la ley 22.903 no hizo otra cosa que recoger lo que ya en ese
entonces eran criterios y prácticas indiscutidos de la ciencia contable.
En
forma coherente, ha entendido la Resolución Técnica N° 6 que "la exigencia de la Ley 22.903, art. 62 in fine, implica que las
decisiones del ente relacionadas con los estados contables deberán tomarse en
base a la información incluida en los estados contables reexpresados en moneda
de cierre. Ejemplos de ella son: cómputos de porcentajes legales para niveles
de reservas, pérdida del capital, distribución de ganancias, ejercicio del
derecho de receso".
El
decreto 316/95, publicado en el Boletín Oficial del 22 de agosto de 1995,
prescribe en un único artículo:
"Instrúyese a la Inspección General
de Justicia dependiente de la
Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia,
a la Comisión
Nacional de Valores y la Superintendencia
de Seguros de la Nación ,
dependientes de la
Secretaría de Finanzas, Bancos y Seguros del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, a la Dirección General
Impositiva y a la
Administración Nacional de Aduanas dependientes de la Secretaría de Ingresos
Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, al Banco
Central de la
República Argentina del área del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos...y demás organismos de contralor dependientes del
Poder Ejecutivo Nacional a fin de que no acepten la presentación de balances o
estados contables que no observen lo dispuesto por el art. 10 de la ley
23.928".
No
tenemos dudas de su inconstitucionalidad, inconveniencia y pésima factura
técnica, por las razones que seguidamente enunciamos:
1)
Pese a que pretende ser un decreto "reglamentario" del art. 10 de la
ley 23.928, a
todas luces es más que eso. Simplemente, abroga una norma legal -el art. 62 de la LSC- so pretexto de que ya
está derogada (pero recién después de cuatro años de vigencia de la ley de
convertibilidad descubrió tal derogación).
La
"reglamentación" de las leyes debe ser acorde con su espíritu (art.
99, inc. 2 de la Constitución Nacional ), encontrándose vedado al
poder ejecutivo crear, por vía de un decreto supuestamente reglamentario,
obligaciones y prohibiciones que van más allá de la ley (artículo 19 de la Ley Fundamental )
Como tiene dicho la
Suprema Corte de Justicia de de la Nación "no le es lícito al Poder Ejecutivo
so pretexto de las facultades reglamentarias que le concede el art. 86, inc. 2
(actual art. 99, inc. 2) de la
Constitución , sustituir al legislador y por supuesta vía
reglamentaria dictar, en rigor, la ley previa que requiere la garantía
constitucional del art. 18" (Fallos, 304:1898).
2)
El art. 10 de la ley 23.928 prohíbe las indexaciones o repotenciaciones de
deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes, obras o servicios. A todas
luces los estados contables no son nada de eso.
Si
lo que se temió es que, por vía de ajuste de estados contables, se
repotenciaran obligaciones, dicho temor es infundado, pues los rubros del
activo o del pasivo referidos a créditos o deudas contenidos en el balance ya
contemplan la incidencia de la aplicación del art. 10 de la ley 23.928, y no se
ajustan si no corresponde.
En
cambio, los bienes de uso y correlativamente el capital y otras cuentas del patrimonio
pueden -y deben- ser reexpresados en moneda constante, dado que no significan
actualización de deudas y créditos. No ajustar los estados contables introduce
serias distorsiones en la realidad económica -en la medición del patrimonio,
los resultados, los dividendos; al del cálculo del valor de la parte del
recedente, etcétera.- en perjuicio de los socios minoritarios.
3)
Diversas normas posteriores a la ley 23.928 de convertibilidad obligan o
autorizan a la confección de estados contables en valores ajustados:
*
El art. 39 de la ley 24.073 -que modificó diversas normas impositivas- dispone:
"a los fines de las actualizaciones
de valores previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y en sus
modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no
alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a
esos fines elabora la
Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del
11 de Abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las
variaciones operadas hasta el mes de Marzo de 1992, inclusive...".
Si
bien ese precepto establece un tope para las actualizaciones -con una fecha
posterior al 1° de abril de 1991- el mismo no deriva de la ley 23.928 -que es
expresamente excluida como norma aplicable- sino de la propia ley 24.073.
*
La ley 24.083 (Régimen Legal de Fondos Comunes de Inversión), cuyo art. 27
preceptúa: "será obligatoria la
publicidad de:...d) Anualmente, el balance y estados de resultados en moneda de
valor constante y el detalle de los activos integrantes del fondo".
4)
En los considerandos del decreto se expresa que nuestro país debe seguir las "normas de la mayor parte de los
países, especialmente aquéllos de significación para el mercado de capitales,
el financiamiento y el comercio para la República Argentina ",
sugiriendo que si no se procede de esa manera, seremos poco menos que parias
ante la comunidad financiera y bursátil internacional. Ello, además de
comportar una total subvaloración de la ley y de lo jurídico, que quedan
subordinados a razones de supuesta conveniencia económica- resulta errado:
*
Según manifestó en su momento el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal ,
los ajustes por inflación están aceptados por las normas internacionales de
contabilidad 15 y 29 y por la "Securities and Exchange Commission"
respecto de las empresas argentinas que cotizan sus acciones en la "New
York Stock Exchange".
*
Nunca la abundancia de información puede ocasionar inconvenientes a inversores
y analistas, nacionales o extranjeros. No debemos olvidar que la presentación
de estados contables en moneda constante no descarta ni excluye los estados
contables en valores corrientes, sino por el contrario, presupone que, en forma
previa a su reexpresión, se cuenta con los datos históricos que constituyen la
base para aquélla. Por eso, el art. 4 de la Resolución Técnica
N° 6 de la Junta
de Gobierno de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, dispone: "la información
expresada en moneda constante se presentará con carácter de información única,
agregando una nota a los estados contables en la que se expondrán
sintéticamente los estados contables básicos no reexpresados", y el
punto E. 2. b) de las IV. "NORMAS" establece que el registro en el
Libro de Inventarios y Balances podrá efectuarse: "...b) listando los componentes de una cuenta a su valor no
reexpresado e incluyendo una partida global de ajuste que reexprese el saldo de
aquélla en moneda de cierre".
En
la hipótesis -a todas luces errónea, pero en la que nos situamos al solo efecto
de la argumentación- de que los estados contables actualizados fueran
incompatibles con los vigentes en el resto de la comunidad internacional, basta
presentar, además, un balance histórico -que surgirá de las partidas no
reexpresadas- para superar ese escollo, pero ningún bien puede derivar de la
prohibición de reflejar la realidad. Esto último es percibido por la comunidad
de negocios internacionales -salvo por quienes persigan obtener ganancias
rápidas de su mayor acceso a la información, sean o no “insider traders”, como
un signo de "autismo", de negación de los hechos, y la intención de
imponer la desinformación al común de la gente, aunque se invoquen razones de
pretendida eficiencia, modernidad o adecuación a las normas supuestamente en
vigor allende nuestras fronteras.
5)
El art. 62 de la ley 19.550 no es una norma desgajada de un contexto -que pueda
ser derogada sin abrogar todo el sistema en que se inserta- sino por el
contrario, resulta una aplicación particular de los principios de veracidad,
completividad y exactitud contenidos en el Código de Comercio (arts. 43, 50 y
52) del que la ley de sociedades forma parte (art. 384, ley 19.550):
Además,
quedan en pie otras normas de la ley 19.550:
*
El art. 64, II, prescribe que "el
estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del
patrimonio neto. En él se incluirán las causas de los cambios producidos
durante el ejercicio en cada uno de los rubros integrantes del patrimonio
neto".
Al
vedarse la expresión de los rubros del activo en moneda constante, éste se
valorizará en términos nominales como consecuencia de la inflación. ¿También
estará prohibido incluir como información adicional, que esa valorización es total
o parcialmente atribuible a la depreciación de la moneda?
*
En las notas complementarias deberán indicarse "e) cambios en los procedimientos contables o de confección de los
estados contables aplicados con respecto al ejercicio anterior, explicándose la
modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio" (art.
65).
En
los estados contables que se presenten con posterioridad al decreto, debe
informarse el efecto del cambio en el procedimiento de confección de aquéllos.
El único modo de cumplir con esa disposición es señalar la exacta incidencia de
la valuación en moneda corriente, a diferencia de lo que surgiría de la
expresión en moneda constante. Y para ello, habrá que efectuar un cuadro
comparativo, que obliga nuevamente a remitirnos a ésta.
*
De la memoria deben resultar "1) las
razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y
pasivo"(art. 66).
¿Es
asimismo materia de interdicción señalar en la memoria que una posible razón de
variaciones en las partidas del activo, sea su valorización inflacionaria, al
cierre del ejercicio?
*
El art. 68 dispone que "los
dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por
ganancias realizadas y líquidas".
Como
consecuencia de la expresión en valores históricos de los rubros del balance,
del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, pueden
llegar a distribuirse ganancias ficticias.
¿Cabe
interpretar que tales reglas -no
mencionadas en el decreto 316/95- han quedado igualmente derogadas por la ley
23.928, y que ésta significa una negación legislativa de expresar la verdad?
Categóricamente la respuesta es que no. Al legislador se lo presume sabio y
justo, y la exégesis de las normas debe efectuarse evitando darles un sentido
que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y
adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto[79].
La
reforma introducida en el art. 62 de la
LSC por la ley 22.903 no es un capricho del legislador, ni un
úkase inmeditado, sino el precipitado histórico de una constante brega de los
profesionales del derecho, de la ciencia contable y de las entidades
interesadas, por adecuar los estados contables a los principios antes aludidos.
6)
El decreto en análisis tiene, al parecer, el propósito declarado de adecuar
nuestras normas contables a las prácticas internacionales. ¿Qué queda de los
accionistas minoritarios de sociedades cerradas, que carecen de todo interés
por aquellas prácticas? ¿Qué ocurrirá con los accionistas no controlantes de
sociedades abiertas, y todos aquéllos que no cuenten con un acceso directo y de
primera mano, al conocimiento y control de la gestión de la empresa?
La
ley 25.561, el decreto 214/2002 y una serie de normas no siempre concordantes
entre sí, sepultaron para siempre –en eso sí eran uniformes, en cuanto a la
política normativa- el régimen monetario de la convertibilidad, pero dejando
incólume la prohibición de indexar, al mantener la ley 25.561 la vigencia del
art. 10 de la ley 23.928. La ley quiso así llevar consigo un “mensaje” a los
agentes económicos: que la inflación no existe aunque exista y que,
consecuentemente, deberán ajustar sus expectativas no a la realidad, sino a los
propósitos de las autoridades[80].
Sin
embargo, la depreciación no solamente externa sino también interna de la moneda
–sobre todo medida por el índice mayorista, que refleja en mayor medida la
incidencia de los precios de los bienes comercializables internacionalmente-
fue muy elevada a lo largo del año 2002, al punto que se temió una nueva
hiperinflación. En ese contexto, el 16 de julio de 2002 se dictó el decreto “de
necesidad y urgencia” 1269/2002 (publicado en el Boletín Oficial del
17-07-2002) que, “modificando” el art. 10 de la ley 23.928, estableció como
excepción a dicha norma, la expresión de los estados contables en moneda
constante, derogando igualmente el decreto 316/95.
En
rigor, el ajuste de los estados contables por inflación no violaba la ley
23.928 –y en tal sentido, el decreto 316/95 era erróneo en sus fundamentos- por
lo que el decreto 1269/2002 no necesitaba modificar el art. 10 de aquélla para
que los balances se expresaran en moneda constante.
Pero
el ajuste marchaba a contramano de la pretensión fiscalista de no permitirlo,
pues la falta de reconocimiento de la incidencia de la depreciación monetaria
incrementaba artificialmente las ganancias imponibles. De allí que nueve meses
después –en marzo de 2003- se dictara el decreto 664/03, que a la vez derogó el
decreto 1269/2002.
VII.
SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN IMPUESTA
POR LA LEY 19.550
DE EXPRESAR LOS ESTADOS CONTABLES EN MONEDA CONSTANTE
A
continuación expondremos los fundamentos que nos llevan a sostener, no
obstante, que perdura la imposición del art. 62 in fine de la ley de sociedades
comerciales, de expresar los estados contables en moneda constante.
1.
Inconstitucionalidad del decreto 664/03
La
ley de sociedades conforma un todo orgánico, que no puede ser modificado por
decretos dictados al compás de apresuramientos normativos o apremios fiscales.
Tanto
se ha abusado de los decretos de necesidad y urgencia, que parece haberse
olvidado que el principio es que el poder ejecutivo no puede “en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional ). Tan enfáticas
disposiciones (“en ningún caso”, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”)
admiten excepciones, pero deben ser realmente tales, y surgir, no de las
conveniencias del gobierno de turno, o de sus cálculos acerca de las mayorías
que tenga o no tenga en el Congreso, sino de la imposibilidad real de recurrir
al procedimiento normal de sanción de las leyes.
2.
Violación del derecho de propiedad
El
decreto 664/03 comienza sus considerandos, con una práctica cada vez más
recurrente de los titulares del Poder Ejecutivo: el autoencomio de su gestión,
y la remisión de la crisis, a causas y épocas anteriores. Tomando una
estadística de pocos meses, llegó a la conclusión de que el problema
inflacionario estaba superado.
Paradójicamente,
si así fuera, no existiría necesidad o urgencia alguna en el dictado de la
norma en cuestión. Cuando no hay depreciación interna de la moneda, los índices
tampoco la reflejan, y consecuentemente, los resultados de expresar los estados
contables en moneda constante o corriente son muy similares; en el extremo de
que la inflación fuera inexistente, el ajuste por inflación sería igual a cero.
Mal
puede ser un motivo válido para prohibir el ajuste por inflación, la aserción
de que la inflación no existe. El art. 62 de la ley 19.550 no provoca inflación, ni impone ajustar deudas o
créditos, si aquéllas o éstos no se actualizan.
Pero
no pueden dictarse normas basándose en éxitos o percepciones coyunturales de
éxito, olvidando que deben tener vocación de permanencia, y que mientras no
sean modificadas, regirán en todo tipo de escenarios económicos, con las mismas
u otras autoridades. Una inflación tan baja como las que exponen las
estadísticas, no creídas por nadie, del INDEC, no deja de ser significativa. Un
10 % anual, de mantenerse en el tiempo, equivale al 61 % en 5 años, y a 159 %
en 10 años. Una inflación anual del 20%, en igual lapso decenal, supone un
incremento de precios de 6,19 veces (519% en una década).[81]
Ese
efecto distorsivo de los balances, provocado por la falta de actualización,
opera de manera acumulativa; en un plazo no demasiado extenso, los estados
contables dejan de tener toda relevancia como información confiable, si no se
permite incluir en ellos la incidencia de la depreciación de la moneda.
La
falta de ajuste de los estados contables por inflación conduce a serias
distorsiones, ya que los incrementos meramente nominales de los valores del
activo, provocados por el deterioro del signo monetario, tienen su necesaria
contrapartida en un aumento igualmente nominal del patrimonio neto, sin que
existan en rigor ganancias, y aunque económicamente, las sociedades estén
arrojando pérdidas.
No
menos grave es que no pueden ajustarse los valores de los bienes de uso y los
activos intangibles. Correlativamente, en el patrimonio neto la cuenta “ajuste
del capital” no puede incrementarse con posterioridad al decreto, con el
consiguiente grave perjuicio para los accionistas que ejerzan el derecho de receso,
quienes recibirán su parte en valores envilecidos por la inflación.
Otro
tanto cabe decir de los aportes a cuenta de futuros aumentos de capital, que si
se realizan en pesos –que ya no son convertibles- quedarán licuados por la
desvalorización de la moneda, y si se efectúan en divisas fuertes, pueden
colocar a los restantes accionistas en serias dificultades para ejercitar el
derecho de suscripción preferente (art. 194, L .S.C.) en ocasión de votarse la
capitalización del aporte.
3.
Las autoridades provinciales de contralor no están obligadas a seguir el
decreto 664/2003
La
pretendida derogación del art. 62
in fine de la ley de sociedades por el art. 10 de la ley
23.928 no pasa de ser una opinión del Poder Ejecutivo Nacional, sin valor
vinculante para las autoridades provinciales de control.
El
propio tenor literal del decreto 664/2003 establece sus destinatarios. El art.
2 modifica el texto del art. 4 del decreto 1269/2002, instruyendo a los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a fin de que “dispongan en el ámbito de sus respectivas
competencias, que los balances y estados contables que se les sean presentados,
deberán observar lo dispuesto por el art. 10 de la ley 23.928 y sus
modificaciones”. No ordena a las sociedades –ni podría hacerlo- que no
confeccionen ni aprueben estados contables ajustados por inflación. Tampoco
tiene competencia para regir la actividad de las autoridades de contralor
locales.
En
rigor, si el art. 10 de la ley 23.928 no prohíbe expresar los estados contables
en moneda constante –pues hacerlo no entraña repotenciar deudas ni créditos, si
éstos legal o convencionalmente no se ajustan- los organismos nacionales
podrían haber entendido –aunque no lo hicieron- que no existe incompatibilidad
entre el ajuste por inflación y la citada norma. Pero la competencia del Poder
Ejecutivo Nacional para reglar la cuestión no va más allá. Nada impide que los
organismos administrativos locales interpreten –bien- el art. 10 de le ley
23.928 en el sentido de que no contradice el art. 62 in fine de la ley de
sociedades, y, fundamentalmente, nada obsta a que los órganos societarios
confeccionen y aprueben estados contables ajustados, sin perjuicio de que
impositivamente no podrán hacerlo, salvo que cuestionen la constitucionalidad de
la prohibición del ajuste por inflación.
Es
más: entendemos que los principios de veracidad, exactitud y completividad de
los estados contables, obligan a que se continúen, en la esfera interna de la
sociedad, practicando balances en moneda constante, aunque sean distintos de
los balances impositivos.
VIII. APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LOS
ESTADOS CONTABLES
Los
estados contables y la memoria son confeccionados por el órgano de
administración, que de esa manera informa a los socios sobre los aspectos
patrimoniales y financieros de la sociedad y sobre su gestión y sobre la marcha
de los asuntos sociales. Estos estados contables deben ser conocidos por los
socios, tratados por ellos, y aprobados o desaprobados (arts. 67, 68, 69, 234,
inciso 1° de la LSC ).
Los
administradores deben poner a disposición de los socios[82] los estados contables y en su caso, la memoria y el informe de la
sindicatura, con una antelación no menor de quince días a su consideración en
la asamblea o reunión social (art. 67).
Dentro
de los 15 días de su aprobación, las sociedades de responsabilidad limitada
cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2), deben
remitir al Registro Público de Comercio un ejemplar de los estados contables y
de la memoria; en el mismo plazo, si se trata de una sociedad por acciones,
deberán remitir una copia a la autoridad de contralor (art. 67).
En
las sociedades anónimas, el tratamiento, aprobación o desaprobación de los
estados contables compete a la asamblea general ordinaria (art. 234, inciso 1)[83]. Como órgano de gobierno, puede desaprobarlos y disponer la inclusión o
exclusión, total o parcial, de determinados rubros en el activo o en el pasivo,
pero no puede suplir al propio órgano de administración en su confección.
Desaprobados aquéllos, deberán el directorio o la gerencia –según el tipo
social- presentar nuevos estados contables, con ajuste a las pautas señaladas
por la asamblea, que deberá nuevamente tratar y resolver sobre su aprobación o
rechazo.
El
derecho a la aprobación o eventual impugnación de los estados contables es
irrenunciable y cualquier convención en contrario resulta nula (art. 69). Pero
si bien ese derecho no puede ser renunciado anticipadamente, la falta de
ejercicio de las facultades impugnatorias en término, impide su ulterior
cuestionamiento.
1. La aprobación de los estados contables y
la existencia de ganancias como presupuesto para la distribución
La
sociedad se constituye para obtener ganancias, y para su distribución entre los
socios (art. 1°). Pero esa distribución no puede efectuarse al entero arbitrio
de los socios o de una ocasional mayoría, sino bajo la forma y en las
oportunidades fijadas por la ley (arts. 68 y 224).
De
los preceptos antes mencionados surge que constituyen requisitos para la
distribución:
1)
La
existencia de ganancias realizadas y líquidas.
Realizadas,
significa que no dependan de conjeturas, sino de la efectiva incorporación al
patrimonio social, de valores adicionales.
El
patrimonio está compuesto de capital, reservas y resultados (art. 63). Otros
rubros, o forman parte de los aportes de los propietarios y en sentido lato son
asimilables al capital (ajuste de capital, revalúos técnicos o contables,
primas de emisión); o son reservas (los llamados resultados no asignados) por
conformar ganancias anteriores no distribuidas.
Salvo
nuevos aportes de los propietarios (aumento de capital o aporte irrevocable a
cuenta de aumentos de capital), o reintegro parcial a ellos (por rescate,
amortización de acciones, exclusión o receso), todo cambio del patrimonio neto
es el exacto correlato de las ganancias o pérdidas, de manera que en principio,
los aumentos en términos reales del patrimonio neto equivalen a las ganancias
del ejercicio, o y sus reducciones, a las pérdidas. Si bien el balance y el
estado de resultados son diferentes, representan dos caras de una misma moneda:
la ganancia es un incremento de igual monto del patrimonio neto, proveniente
del giro social y no de nuevos aportes.
Los
revalúos técnicos, pese a que después de realizados se traducen en un
incremento del patrimonio contablemente registrado, no implican un aumento
patrimonial, sino simplemente, reflejan una valuación más ajustada de bienes ya
existentes en el activo, razón por la cual no son equiparables a las ganancias,
ni en rigor constituyen reservas, pues no son ganancias retenidas.
Consecuentemente, deben excluirse de ese rubro, a los fines previstos en los
arts. 30, 31 y 70.
No
todas las ganancias son líquidas. La exigencia de liquidez apunta a evitar que
se distribuyan ganancias comprometiendo la suficiencia de los activos
corrientes para afrontar los pasivos
corrientes.
2)
La
confección de los estados contables de acuerdo con la ley y el estatuto.
Si
ello no es así, y se violan los artículos 62, 63, 64 y 65 de la LSC , o se transgreden las
normas estatutarias –que son ley para los socios (art. 1197 del Código Civil)-
los accionistas disconformes pueden cuestionar en la asamblea, e impugnar la
decisión eventualmente aprobatoria, en los términos del art. 251 de la ley
19.550.
3)
La
aprobación del balance y el estado de
resultados por la asamblea o reunión de socios.
Las
ganancias distribuidas en infracción de los artículos 68 y 224 son repetibles
por la sociedad contra los socios. En caso de quiebra, el síndico podrá
accionar contra los socios de mala fe, por repetición de los dividendos
indebidamente pagados, dentro del plazo prescriptivo que fija el artículo 848
del Código de Comercio (3 años).
Excepcionalmente,
autoriza la distribución de dividendos anticipados, en las sociedades sometidas
a fiscalización estatal permanente (art. 224).
El
alcance de la buena o mala fe, depende en gran medida de:
*
El carácter abierto o cerrado de la sociedad. En una sociedad que cotiza en
bolsa, los accionistas inversores es probable que perciban sus dividendos de
buena fe. Ya asaz avaras son las políticas de dividendos de nuestras
sociedades, para adicionalmente someter a los socios minoritarios al riesgo de
una acción judicial, por haber percibido dividendos, cuando adquirieron o
suscribieron las acciones precisamente para eso (art. 1, LSC).
*
Aun en las sociedades cerradas, la calidad de socios controlantes o no
controlantes.
IX. LAS
NORMAS PENALES
El
art. 300 del Código Penal reprime, como fraude al comercio y la industria, al
fundador, director, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa
o de otra persona colectiva que a sabiendas publicare, certificare o autorizare
un inventario, balance, cuenta de ganancias y pérdidas -estado de resultados- o
los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos, o
informare a la asamblea o reunión de socios con falsedad o reticencia, sobre
hechos económicos importantes para apreciar la situación económica de la
empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.
Son
pocos los casos en que se llegó a una condena penal, o siquiera a un
procesamiento por ese delito, aunque su tenor literal parece inusualmente
severo, porque incluye no solamente a los estados contables, sino a los
informes, actas o memorias, y constituye un ilícito, además de la estricta
falsedad, que sean incompletos o reticentes con relación a ingresos, gastos,
activos y pasivos significativos, con prescindencia de cualquier dolo específico
(“cualquiera que hubiere sido el
propósito al verificarlo”).
X. ANEXO
Hemos considerado
conveniente agregar, como anexo, el contenido ampliado y modificado con
correcciones estilísticas, de un
artículo presentada bajo el título “EL
PRINCIPIO DE VERACIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES Y LA SUBVALUACIÓN DEla Empresa , Tomo III, año
2010, Fundación para la
Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, páginas
33 a 40.
Introducción
Es sabido que en los últimos años, en particular después de la gran
devaluación del año 2002, los precios de los fundos rurales se incrementaron
sustancialmente, no sólo en pesos, sino en dólares estadounidenses. Los valores
de las fincas con destino agropecuario ubicadas en provincias o zonas como
Santiago del Estero o el norte de Santa Fe –para citar sólo algunos ejemplos
que nos constan- cuyos precios por hectárea eran muy bajos, se multiplicaron
diez, quince y veinte veces, en dólares (las tierras de Santiago del Estero se
valorizaron más, en términos comparativos, porque sus precios de mercado
iniciales eran ínfimos). En los campos que ya eran valiosos, el aumento también
fue sustancial.
El
elevado tipo de cambio real –sostenido por años como uno de los puntales del
modelo económico- más la devaluación del propio dólar estadounidense frente al
euro y otras divisas, sumada a los altos precios de la soja y otros
commodities, y las bajas tasas internacionales de interés provocaron una
significativa suba de los precios de mercado y de los valores productivos de
los inmuebles con destino agrícola, lo que necesariamente debe reflejarse en
los estados contables.
Hemos visto que por
decretos inconstitucionales -316/95 y 664/03- se ha pretendido vedar el ajuste
por inflación impuesto por el artículo 62 in fine de la LSC. Esta es por sí sola
una fuente de distorsión de los estados contables; pero con prescindencia de la
depreciación monetaria, ha habido en la última década una fuerte valorización en
moneda constante –es decir, independiente del envilecimiento de nuestra
moneda- de los inmuebles rurales, lo que luego se trasladó a los fundos
urbanos. El “corralito”, el “corralón”, la inseguridad jurídica y las bajas
tasas de interés internacionales determinaron que muchos inversores se volcaran
al mercado inmobiliario, provocando un importante incremento en términos reales
de los precios de los inmuebles rurales y también los ubicados en centros
poblados.
Usualmente,
el criterio contable para la valuación de los bienes de uso es el de costo de
adquisición, menos las amortizaciones acumuladas (en el caso de terrenos, no se
amortizan). Pero ese criterio en determinadas circunstancias:
*
conduce a resultados absurdos por lo irrisorios;
*
comporta una grosera violación, en su espíritu, de la norma del artículo 13,
inciso 5 de la ley 19.550;
*
imposibilita el ejercicio útil del derecho de receso reconocido por el art. 245
del mismo ordenamiento[84];
*
vulnera la regla genérica del art. 1071 del Código Civil y
* entraña la violación del derecho de propiedad
garantizado por el artículo 17 de la Ley Fundamental.
Por
ello, entendemos que la eventual negativa de la mayoría a proceder a un revalúo
técnico violaría la exigencia de veracidad objetiva de los estados contables, y
la decisión asamblearia que denegare una petición de revalúo sería impugnable
en los términos del artículo 251 de la ley de sociedades comerciales.
Fundamentos
1.
La información que se vuelque en los estados de situación
patrimonial y de resultados debe responder a los principios de veracidad
(artículos 43, 51 y 52 del Código de Comercio), exactitud (art. 51 del Código de Comercio) y claridad
(artículo 43 del Código de Comercio). A todas luces no satisface esos recaudos
esenciales la manifiesta subvaluación de los bienes de uso, resultante de
adoptar como criterio el precio de costo menos las amortizaciones acumuladas en
su caso, cuando su valor actual es muy superior.
2. El artículo 63 de la ley 19.550 divide al patrimonio social en
capital, reservas y resultados, incluyendo la ley entre las segundas a “las
provenientes de revaluaciones y
de primas de emisión” (art. 32, 2, II, b, L.S.C.). El hecho de que
el órgano de administración valúe los bienes de uso al precio de costo, o que
la asamblea deniegue una petición de revalúo técnico no significa que el mayor
valor de los activos respecto del contabilizado, no integre ese patrimonio.
Según ISAAC HALPERÍN[85]:
"La baja valuación de los bienes integrantes, como la excesiva
amortización, llevan a la creación de reservas ocultas. Idéntico resultado se alcanza con la sobrevaluación del pasivo...son un vehículo de fraude al
fisco, a los accionistas privilegiados y a los comunes...se prestan a las maniobras de los directores para
adquirir las acciones a un valor inferior al real; son recursos para negocios extrasociales de los directores,
etc. Además, el balance debe ser
sincero, y estas reservas ocultas intencionales van en contra de la
apuntada sinceridad...La L.S.
rechaza implícitamente la formación de
esta reserva solapada, por cuanto:” “a) el art. 70 autoriza la formación de "otras reservas que las legales, siempre que sean razonables
y respondan a una prudente administración", lo que exige su manifestación
para el debido control asambleario y su eventual impugnación”;“b) además, las
reservas deben ser aprobadas "conforme el art. 244, última parte, cuando
su monto exceda del capital y las reservas legales" (art. 70)”; “c) en las
notas complementarias (art. 65), en los cuadros anexos (ap. 2, inc. d), debe
detallarse el monto y evolución de las reservas (aumentos, disminuciones, y la razón de estas últimas) por lo que la constitución de reservas ocultas sería contraria a los criterios fundamentales apuntados, de sinceridad y de veracidad de los
estados contables”; “d) además, en la memoria el directorio debe expresar las
"razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas
clara y circunstancialmente" (art. 66, ap. 3º): admitir reservas ocultas sería una violación flagrante
de este deber”; “e) afecta la veracidad del balance, que
resultaría incompleto e insincero”.
Prescindiendo de que el
plusvalor sea una “reserva oculta” o no –o si es conceptualmente admisible
hablar de “reservas ocultas”- lo evidente es que las diferencias sustantivas
entre el precio de costo y el valor real comportan una negación del principio
de veracidad objetiva de los balances y estados contables, pues el activo queda
infravaluado en forma grosera.
3. Son estipulaciones nulas las que permitan a un socio o grupo de
socios quedarse con la parte de otro por un valor notoriamente inferior a la
realidad (art. 13, inciso 5 de la ley 19.550), y esa disposición de la ley de
sociedades proyecta sus efectos hacia toda la vida del ente empresario[86].
Tanto en los supuestos de receso, exclusión o resolución parcial por muerte –en
los tipos sociales que es viable- o para establecer la relación de cambio en
los casos de fusión, la manifiesta subvaluación de los bienes de uso conduce a
una vulneración del precepto en su espíritu (artículo 16 del Código Civil) y a
la violación del derecho de propiedad de los socios.
4. Los socios participan en todas las partidas del patrimonio
social y tienen el derecho a la justa valuación de éste –en función del cual se
valúa su parte- a la intangibilidad de su participación[87] y a la protección de su derecho de propiedad,
que debe ser concebido como una porción alícuota del patrimonio social
(resolución 25/2004, I.G.J).
5. Las resoluciones técnicas de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas –cuya frondosidad y carácter
ambiguo no permiten arribar a resultados unánimes- no son jurídicamente
vinculantes, ni pueden primar sobre el principio de veracidad objetiva de la
contabilidad y los estados contables (artículos 43, 51, 52 del Código de
Comercio). O en tren de armonizar aquéllas con éste, debe darse preeminencia a
las partes de dichas resoluciones técnicas que consagran explícita o
implícitamente ese principio[88].
Analicemos las
resoluciones técnicas.
Remarcando nuevamente
que deben prevalecer las directrices ético- jurídicas de veracidad y exactitud
que contempla el Código de Comercio, señalamos que:
5.1. La resolución técnica n° 17 nada dice, salvo que se adoptará
para la valuación, como principio, el costo de adquisición. Pero no establece
una regla absoluta:
* La misma resolución,
cuando enuncia el criterio de que ningún activo o grupo homogéneo de activos podrá presentarse en los estados
contables por un importe superior a su valor recuperable (parágrafo 4.4.), admite como contrapartida que en
el supuesto inverso de que el valor recuperable –es decir, valor de
enajenación- de los bienes de uso sea muy superior al de costo menos
amortizaciones, se adopte aquél y no éste[89].
De lo contrario, se daría el dislate de la asimetría: cuando los bienes valen
menos que su costo, se tomaría el valor recuperable de aquéllos; si valen más,
se adoptaría únicamente el costo.
* Igualmente, contempla
como hipótesis en que procede la comparación entre las mediciones contables
primarias de los activos y sus correspondientes valores recuperables, las de “4.4.2...1)
declinaciones (o aumentos) en los valores de
mercado de los bienes que sean superiores
a las que deberían esperarse con motivo del mero transcurso del tiempo".
* Si el bien ha sido adquirido
a título gratuito, debería adoptarse el valor de mercado. Y si se acepta en tal
caso realizar una valuación, ¿qué ocurre si el costo de adquisición es $ 1,
exaempli gratia?
A todas luces, deben
prevalecer las disposiciones del Código de Comercio, precipitados normativos de
un principio general que veda la falsía y exige la veracidad, pues ningún
ordenamiento jurídico puede permitir que la falsedad genere derechos a su autor
o prive de ellos a los perjudicados.
* El punto 8.2.2. de la resolución técnica –y la
propia ley de sociedades comerciales (artículo 63)- prevén explícitamente los
revalúos.
* La resolución técnica
n° 10, “B. NORMAS CONTABLES. B.1.1. proclama
la evidencia de que “la información que se proporciona debe ser verdadera”.
De ningún modo las
resoluciones técnicas –carentes de rango legal- pueden obligar a la sociedad ni
a sus directores a violar el Código de Comercio, ni imponer la mentira o –para
no caer en subjetivismos- el apartamiento de la realidad económica. Esa negativa
a admitir la verdad –renuncia consciente a ella- ha sido descalificada por la Corte Suprema de la Nación.[90]
* El adecuado avalúo de
los bienes es una cuestión que no queda librada solamente a la voluntad de las
partes, como lo demuestra el precepto del artículo 53 de la ley 19.550. En la
etapa constitutiva –a la fecha de la firma del contrato social y hasta su
inscripción- la voluntad de los socios es unánime (artículo 1137 del Código
Civil), pese a lo cual la ley impone ciertas pautas para la valuación, además
de su aprobación por la autoridad de contralor. Con mayor razón debemos ser
estrictos, cuando el inventario y el balance son dibujados por el órgano de
administración, sin la intervención del grupo minoritario.
5.2. La resolución técnica n° 17 data del 8 diciembre de 2000,
durante la vigencia de la convertibilidad y en un marco de estabilidad de los
precios de los bienes inmuebles.
Desde entonces, el valor
oficial
del dólar estadounidense se multiplicó por 6,5 (por diez el precio en
el mercado libre, en los países vecinos, y en el “contado contra liquidación) y
a la vez los fundos rurales incrementaron sus precios en aquella moneda entre
cinco, diez y quince veces, según las zonas. No puede una resolución técnica
–que carece de valor legal- dictada en un contexto de estabilidad y aun de
deflación monetaria, situarse por encima de las normas del Código de Comercio
(artículos 41, 51 y 52 ya citados); ni sobre la ley de sociedades comerciales,
que incluye expresamente en sus previsiones los revalúos (artículo 63, 2, II,
b). Su inclusión deja de ser
facultativa cuando el criterio de valuación basado en el costo de adquisición
conduce a infringir el principio de veracidad.
Y
la veracidad no es una exigencia meramente normativa o contable, sino un axioma
fundante del deber ser en todo ordenamiento jurídico. Lo que no es veraz o se
opone a la buena fe –si se actúa a sabiendas, como acaece en la mayoría de los
casos- o reposa en el error y choca contra la realidad económica, que no puede
ser soslayada por los jueces.
6. El hecho de que los perjuicios de la subvaluación se aprecien
más claramente cuando se produzcan situaciones de conflicto, no significa que
sean eventuales, hipotéticos o conjeturales. La ley de sociedades comerciales en
varias disposiciones que responden a un espíritu común fulmina con la nulidad o
prohíbe cláusulas que posibilitan un perjuicio supuestamente “futuro” o
“eventual”, que en verdad es actual:
* Así, el inciso 5 del
artículo 13 declara nulas las estipulaciones “que permitan la
determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio...que se aparte notablemente de su valor
real al tiempo de hacerla efectiva”.
* El
art. 245 in
fine sanciona con la nulidad “toda
disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio”.
En
los supuestos de notoria infravaluación, resultante de emplear como criterio el
costo de adquisición, ese subvalúo de los bienes de uso equivale, en la
práctica, a una cláusula que impidiera el ejercicio del derecho de receso.
Aunque no llegue a configurarse una hipótesis que autorice a receder, la ley
–en las normas citadas- declara nulas a las cláusulas contractuales o
resoluciones asamblearias que permitan determinadas consecuencias disvaliosas
para el socio aunque el eventus damni no haya acaecido.
La
sola privación de la posibilidad útil de ejercer un derecho ya ocasiona un
perjuicio actual, pues el precio de enajenación de acciones sobre un patrimonio
subvaluado siempre será mucho menor. Toda restricción de derechos e
infravaluación reduce el valor enajenable de las participaciones societarias, y
ése es ciertamente un perjuicio concreto y no futuro ni eventual.
Por
lo demás, una valuación de los bienes de uso que se aparte ostensiblemente de
la realidad posibilita ventas de ellos a precio vil, por un valor mayor que el
de costo, pero muy inferior al de mercado, quedándose el grupo de control o
algunos directores con la diferencia “en negro”. Con una valuación de los
bienes de uso que se aparta ostensiblemente de la realidad, no sólo se viola el
principio de veracidad objetiva de los balances, sino se prepara el camino para
el despojo de los accionistas minoritarios ajenos al círculo familiar o de
lealtades espurias del “socio tirano”[91].
7. Aun las resoluciones técnicas,
rectamente interpretadas, son coherentes con la hermenéutica que propugnamos.
El criterio de que ningún activo o grupo homogéneo de activos podrá presentarse en los estados
contables por un importe superior a su valor recuperable (resolución técnica
17, parágrafo 4.4.), admite como
contrapartida que en el evento inverso de que el valor recuperable de los
bienes de uso sea muy superior al valor de costo reexpresado menos
amortizaciones, se tome también el valor recuperable.
La resolución técnica n°
17 contempla como hipótesis en que procede la comparación entre las mediciones
contables primarias de los activos y sus correspondientes valores recuperables,
los casos de “1) declinaciones (o
aumentos) en los valores de mercado de los bienes que sean superiores a las que
deberían esperarse con motivo del mero transcurso del tiempo".
8. El art. 251 de la ley de sociedades comerciales autoriza a la
impugnación por nulidad de las decisiones adoptadas en violación de la ley. Está
claro que cuando así se expresa, se refiere al ordenamiento jurídico en
plenitud, integrado por la ley 19.550 pero que no se agota en ella. Los
principios generales del Código Civil, que vedan la lesión (art. 954) y el
abuso de derecho (art. 1071) integran el derecho aplicable[92].
9. El adecuado avalúo de
los bienes es una cuestión que no queda librada solamente a la voluntad de las
partes, como lo demuestra el precepto del art. 53 de la ley 19.550. En la etapa
constitutiva –a la fecha de la firma del contrato social y hasta su
inscripción- la voluntad de los socios es por hipótesis unánime (artículo 1137
del Código Civil), pese a lo cual la ley impone ciertas pautas para la
valuación, además de su aprobación por la autoridad de contralor. Con mayor razón
debemos ser estrictos, cuando el inventario y el balance son confeccionados por
el órgano de administración, y aún cuando sean aprobados por la asamblea, la
decisión salvo excepciones no es unánime sino mayoritaria.
10. El criterio de valuación de los bienes
de uso según el costo de adquisición, cuando los valores resultantes son
marcadamente inferiores a la realidad, conduce al absurdo de que si la
adquisición fuera a título gratuito, deberían valuarse correctamente pero si
–como es la regla en las sociedades comerciales- adquirieron el bien por compra
u otro título oneroso, se tome como criterio el valor de costo reexpresado
menos las amortizaciones acumuladas.
11. El daño de la infravaluación no es hipotético, sino actual
En
alguna oportunidad, se pretendió refutar lo expuesto con anterioridad,
aduciendo que el riesgo no es un daño actual. Eso tiene tanto sentido como
postular que obligar a una persona a que juegue a la ruleta rusa con una sola
bala no ocasiona un daño actual, pues el disparo es sólo un “riesgo” entre 6, 9
o más probabilidades. La mera causación del peligro a los accionistas
minoritarios de que el directorio enajene los bienes a vil precio, ocasiona un
daño actual y efectivo.
La circunstancia de que
en más del 99% de las sociedades argentinas, las acciones no cotizan en bolsa
–cotización que reflejaría inmediatamente el riesgo, ocasionando un menor
precio- no puede desdibujar que todo lo que cause un peligro disminuye actualmente
el valor patrimonial del tenedor de esas acciones. Si se instala una
fábrica de pólvora al lado de una casa, no es necesario que se produzca una
explosión para que pierda todo valor como inmueble habitable, y para que el
único interesado en comprarlo sea el dueño de aquélla.
La
subvaluación –que económicamente es tan dañosa como la fábrica de pólvora del
ejemplo- no produce un “eventus damni”, sino un perjuicio actual[93].
La
información que se vuelque en los estados de situación patrimonial y de
resultados debe responder a las directrices de veracidad (artículos 43,
51 y 52 del Código de Comercio), exactitud (art. 51) y claridad (artículo 43).
Los textos aislados de ciertas resoluciones técnicas no pueden primar sobre los
preceptos legales, ni sobre la realidad económica.
La
subvaluación permite al directorio –que responde al grupo mayoritario, cuando
no se identifican lisa y llanamente las personas de los directores con los
titulares de la mayoría del capital social- vender bienes a precios superiores
a los de su valuación, pero inferiores al real, con eventuales diferencias “en
negro” a favor del grupo de control o de alguno de sus integrantes. No resulta
necesaria una nueva cita doctrinaria para advertirlo; es una cuestión de
sentido común. Si en una sucesión se tasa un departamento céntrico en $ 20.000
–que vale, por ejemplo U$S 200.000- y a la vez se autoriza al administrador de
aquélla a enajenarlo por el valor de tasación, se está posibilitando el fraude.
En la órbita societaria, se agrava porque de facto impide el ejercicio útil del
derecho de receso, y porque en los hechos, el directorio puede enajenar
ilimitadamente los bienes de uso.
[1]
“Derecho Societario”, Parte General,
Tomo 7, Contabilidad y documentación societaria, Ed. Heliasta, 1999, páginas 16-17 y siguientes.
[2]
Dice el fallo de marras, en lo pertinente: “la
actora carecía de toda documentación que avalase su pretensión, incumpliendo
-de ese modo- con lo preceptuado por el art. 43 Cód. Comercio, disposición
-ésta- que al mismo tiempo que establece la obligación de todo comerciante de llevar
libros arreglados a derecho, expresamente prescribe que todas las constancias
contables deben complementarse con la documentación respectiva. A falta de esta
última, los asientos en cuestión no
pasaban de ser anotaciones unilaterales efectuadas por el mismo comerciante
interesado en la condena...”.
[3]
Como señala FERNANDO LÓPEZ DE ZAVALÍA (Teoría de los contratos, Parte
General, Zavalía Editor, 1984, págs. 18-19): “Figura del acto unilateral subjetivamente complejo es el acto
colectivo; figura del bilateral el contrato. Ambos han sido comparados con una
imagen feliz: En el acto colectivo (v.g.: el
acto de un órgano colegiado de una persona jurídica...) hay pluralidad
de voluntades que corriendo paralelas se unen sumándose para formar una declaración única que persigue
un mismo efecto...”.
[4] ROBERTO
MARIO RODRÍGUEZ, "Introducción a
la contabilidad superior", Tomo 1, Segunda Edición, Ed. El Graduado,
pág. 54.
[5]
Idem, obra y página citadas.
[6]
Obra y página citadas.
[7] Inclusive la terminología empleada por la
reforma de 1983 –época en que si bien existían las grandes computadoras, no
había irrumpido la PC-
tiene un regusto un tanto arcaico, al utilizar la frase "ordenadores,
medios mecánicos o magnéticos". La expresión "ordenadores" es
más propia del idioma español empleado en la península ibérica, y los
"medios mecánicos o magnéticos" han sido reemplazados por las
omnipresentes computadoras.
[8]
En las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada
cuyo capital alcance el importe fijado en el artículo 299, inciso 2° de la LSC , es la asamblea (artículos
234, inciso 1°, 316 y 159, 2° párrafo).
[9]
RICARDO NISSEN, “Ley de Sociedades Comerciales”, Editorial Ábaco, 2ª edición, 1994,
Tomo 2, parágrafo 188, págs. 64 y ss). se expresa así: “El balance, que debe descansar necesariamente en un inventario previo que lo
complementa....”
[10]
Siguiendo a ALBERTO VÍCTOR VERÓN
("Los Balances. Tratado sobre
los Estados Contables", Ed. Errepar, 1997, Tomo I, pág. 136) “la información debe ser completa, ello
significa que incluirá al menos todas la partes esenciales”.
[11]
Dice VERÓN (obra y página citadas en
la nota anterior): “Significación. La información no debe omitir ningún elemento de
importancia.”
[12]
“...una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles
de registración contable.”
[13]
“...sus partidas se formarán teniendo como base las cuentas abiertas...”
(artículo 51).
[14]
HORACIO FARGOSI, “Estudios de derecho societario”, Editorial
Ábaco, 1978, pág. 99.
[15]
Como dice DANIEL ROQUE VÍTOLO (“Sociedades Comerciales. Ley 19.550
comentada. Jurisprudencia y Bibliografía por Miguel A Piedicasas”,
Rubinzal-Culzoni Editores, Tomo II, glosa al artículo 69, págs. 95 y ss.): “La impugnación de los estados contables se realiza por intermedio de
la acción de impugnación regulada por el artículo 251 de la ley...Los motivos
por los cuales pueden ser impugnados los estados contables deben obedecer a
cuestiones vinculadas a los principios
que rigen la contabilidad en orden a su legalidad, veracidad, evidencia,
claridad, completividad y coherencia”.
[17]
Cámara Nacional en lo Comercial, sala B, 10 de mayo de 1995, “Noel, Carlos M. M. c. Noel y Cía. S. A.”,
,La Ley 1996-D,
pág. 641.
[18]
“Sociedades Anónimas”, 2ª edición, ampliada por JULIO CÉSAR OTAEGUI, Ed. Depalma, 1998, pág.
575.
[19]
Cám. Nac. Com., Sala A, 21/2/96, “Vázquez
Iglesias, Javier Hugo, y otra c. Aragón Valera S.A. y otros”, La
Ley , 1996-B, p. 2665; “Impuestos”, Repertorio 1996, J-Z, p. 2277,
nº 81.
[20] BOCHINI, en “Revista del Diritto delle
Società”, 1972, p. 373. GRIPPO
sostiene que el balance carente de
claridad, sin ser falso, es nulo (en Revista delle Società, 1962, ps.
565 y ss.), criterio que cabe sostener en nuestro país no solo por ser aquel
violatorio de una norma legal imperativa (art. 18, C . Civil), sino también
porque dado los intereses amparados con el balance correctamente compilado,
trasciende del mero interés del accionista individual o actual.
[21] El delito de balance falso requiere que sea falso (por
incompleto o por no ser veraz) a sabiendas, lo cual no es un recaudo
necesario para la falsedad no penal (v. “R.D.C.O.”, 1970, p. 653; BACIGALUPO, eod. Loc., 1973, p.
277).
[22] Cám. Com., Sala B,
30 oct. 1970, en “R.D.C.O.”, 1971, p. 797.
[23] MOSSA, ob. Cit., p. 478.
[24] Obra citada, pág. 99.
[26]
Con las salvedades y excepciones contenidas en dicha norma. El artículo 87,
inciso j de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias establece como tope en
concepto de honorarios de los directores y miembros de consejos de vigilancia y
de retribuciones a los socios administradores por su desempeño como tales, del
25% de las utilidades contables del ejercicio, o hasta la que resulte de
computar $ 12.500 por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, la que
resulte mayor, siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la
presentación de la declaración jurada anual del año fiscal por el cual se
paguen. En el caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el importe que
resulte computable de acuerdo con lo dispuesto precedentemente será deducible
en el ejercicio en que se asigne.
[27]
Resolución Técnica Nº 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas, publicado en "Normas
Contables Profesionales", pág. 131, Valletta Ediciones, 1994.
[28]
Atendiendo a esa diferencia, el art. 204 de la ley 24.522 de concursos y
quiebras otorga prioridad, como forma de realización de los bienes en la
quiebra, a la enajenación de la empresa como unidad. El art. 198 de la ley
19.551 establecía una solución semejante.
[29]
El valor
futuro (VF) de un crédito actual (VA) se obtiene aplicando la conocida
fórmula:
VF
= Va (1 + i)n.
De
ello resulta que el valor actual del crédito será:
(1)
Va = VF/(1+i)n ; o lo que es igual:
(2)VA = VF (1 + i)-n
Siendo i la tasa de interés,
y n como exponente (negativo si la fórmula se presenta sin denominador) ya que
1/n = 1-n
De lo
anterior surge que cuanto mayores sean la tasa de interés y el plazo de
vencimiento de la obligación, menor será el valor actual.
[30]
Resolución Técnica Nº 8.
[31]
A partir del decreto 507/93, ratificado por la ley 24.447, la autoridad de
aplicación y órgano recaudador de las obligaciones previsionales es la Dirección General
Impositiva, razón por la cual, a los efectos prácticos y económicos –auque
difieren los regímenes legales- ambos pueden considerarse pasivos fiscales.
[32] En los estados consolidados, se resta además
la participación minoritaria.
[33]
DE GREGORIO, citado por SASOT BETES-SASOT, "Sociedades Anónimas. Las asambleas", Ed, Ábaco, 1978,
págs. 369-373.
[35]
La propia ley de sociedades comerciales emplea en otra parte esta terminología
usual (artículo 220, inciso 3).
[36]
GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Derecho Societario. Parte General, Tomo 7,
Documentación y contabilidad societarias, Ed. Heliasta, 1999, págs.
120-121.
[38]
También incluye las participaciones de accionistas no controlantes, lo que
excluiremos, salvo el caso de los balances consolidados, a los que haremos
referencia.
[39]
Incluye el impuesto a las ganancias, pero éste es un gasto más.
[40]
“Introducción a la contabilidad
superior”, Ediciones El Graduado, 2ª edición, 1991, pág. 163.
[41]
ARTICULO 63. — En el balance general deberá suministrarse la información que a
continuación se requiere: 1) En el activo: a)...b)…c)…d)…e)…f)…g)…h). 2) En el pasivo: I. a)…b)…c…)…d). II. a) El capital
social…b) Las reservas legales, contractuales o estatutarias, voluntarias y las
provenientes de revaluaciones y de primas de emisión; c) Las utilidades de
ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas; d) Todo otro
rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas de
capital, reservas y resultados.
[42]
Derivados de aumentos de capital por suscripción o aportes irrevocables a
cuenta de futuros aumentos de capital.
[43]
Cancelación de acciones previa reducción de capital (artículo 220, inciso 1),
amortización de acciones (artículo 223), receso (artículo 245).
[44]
ALBERTO VÍCTOR VERÓN, “Tratado de las sociedades comerciales y
otros entes asociativos”, 1ª edición, La Ley , 2012, Tomo II, pág. 357.
[46]
Por ejemplo, KENNETH BOULDING, "Análisis
económico", 9ª edición española de la cuarta edición norteamericana,
1967, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1967, pág. 385.
[47]
El artículo 70 del decreto 1344/98 reglamentario de la ley de impuesto a las
ganancias dispone: “…b) el costo de ventas a que se refiere el inciso a) se
obtendrá adicionando a las existencias al inicio del año fiscal las compras
realizadas en el curso del mismo y al total así obtenido se le restarán las
existencias al cierre del mencionado año fiscal.”
[48]
Pues en tal caso, en rigor no hay un resultado positivo en moneda constante.
[49]
Como lo destacamos en nuestro artículo titulado “La repetición de impuestos directos e indirectos y la doctrina del
empobrecimiento”, recopilado en el Tratado
Jurisprudencial y Doctirnario. Derecho Tributario” dirigido por Jorge H.
Damarco (Procedimiento Tributario), Ed.
La Ley , 2010,
Tomo 2, págs. 869-904 (particularmente págs. 875-882), los costos fijos no
inciden en el costo marginal de corto plazo y consecuentemente, en la
determinación del precio.
En el largo plazo, todos los costos son variables.
[50]
Obra citada, Tomo 7, págs. 406-407.
[51]
Obra y tomo citados en la nota anterior, pág. 407.
[52]
El artículo 9 de la ley 21.382 de inversiones extranjeras prescribe que “los actos jurídicos celebrados entre una
empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente
la controle u otra filial de esta última serán considerados, a todos los
efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y
condiciones se ajusten a las prácticas
normales del mercado entre entes independientes.”
El artículo 5 de la ley 22.426 de transferencia de
tecnología establece: “Los actos
jurídicos contemplados en el artículo 2 serán aprobados, si del examen de los
mismos resulta que sus prestaciones y condiciones se ajustan a las prácticas normales del mercado entre entes
independientes, y, siempre que la contraprestación pactada guarde
relación con la tecnología transferida. No se aprobarán tales actos jurídicos
cuando prevean el pago de contraprestaciones por el uso de marcas.”
A la vez los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento
preceptúan: Artículo 1: “Quedan
comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título oneroso que tengan
por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de
tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país,
siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina.
Artículo 2: “Los actos jurídicos contemplados en el artículo 1 que se celebren
entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o
indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidos a la
aprobación de la Autoridad
de Aplicación.”
[53]
Es decir, cuando la reducción en el precio trae aparejado un aumento más que
proporcional del importe de las ventas, de forma que precio por cantidad sea
superior que en el escenario precedente (antes de la rebaja).
[54]
RODOLFO SPISSO, “Derecho Constitucional Tributario”, Ed.
Depalma, 1991, págs. 40 y siguientes.
[55] CARLOS M. GIULIANI FONROUGE, Derecho Financiero, 9ª edición,
obra actualizada por SUSANA CAMILA
NAVARRINE y RUBÉN OSCAR ASOREY, La Ley , 2004, Tomo I, págs.
252-253.
[57] RODOLFO SPISSO, obra citada, pág. 44 y la
doctrina sentada por la
Corte Suprema de la
Nación in re “Compañía
Química S.A. c. Municipalidad de San Miguel de Tucumán” (sentencia del
5-9-1989).
[59]
Conforme al artículo 75, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional ,
corresponde al Congreso: 1) Legislar en materia aduanera. Establecer los
derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones
sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación. 2) Imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer
contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación ,
siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.
Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el
total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.”
[60]
Principio consagrado en los artículos 4, 17, 52, 99, inciso 3 y concordantes de
la Carta Magna
(Corte Suprema de la Nación ,
14-10-993, "Eves Argentina
S.A.", considerando 9º, La
Ley , 1993-E, pág. 425, pág. 4, Nº 91.810; 9-6-1994, "Michalscki, Héctor R. c. Instituto
Nacional de Cinematografía", La Ley , 1995-B, pág. 254, nº 93.056; 13-10-1994, "Cafés La Virginia S.A. s/
apelación (por denegación de repetición)"; 6-6-1995, "Video Club Dreams c. Instituto
Nacional de Cinematografía", La Ley , 4-9-1995, pág. 6, fallo 93.493; 27-12-1996, "La Bellaca S.A. c.
Dirección General Impositiva", La Ley , 7 de mayo de 1997, pág. 9, nº 95.322,
considerando 7, entre muchos otros).
[61]
En un caso que es de nuestro conocimiento –entre muchos- se fijó una multa de
dos veces el monto omitido, por una insignificante demora de 9 días en el pago
de una obligación tributaria, que se abonó con ese retardo, agregando los
intereses resarcitorios correspondientes. La decisión administrativa, una vez
agotadas las instancias recursivas ante el fisco, fue impugnada judicialmente.
[62]
Artículo 39: “A los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley
11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los
tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley
23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA para ser aplicadas a partir del 1º de abril de 1992 deberán, en
todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes
de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las
actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus
modificaciones).”
[64]
ARTICULO 65. — Para el caso que la correspondiente información no estuviera
contenida en los estados contables de los artículos 63 y 64 o en sus notas,
deberán acompañarse notas y cuadros, que se considerarán parte de aquéllos. La
siguiente enumeración es enunciativa...2) Cuadros anexos: a) De bienes de uso,
detallando para cada cuenta principal los saldos al comienzo, los aumentos y
las disminuciones, y los saldos al cierre del ejercicio. Igual tratamiento
corresponderá a las amortizaciones y depreciaciones, indicándose las diversas
alícuotas utilizadas para cada clase de bienes. Se informará por nota al pie
del anexo el destino contable de los aumentos y disminuciones de las
amortizaciones y depreciaciones registradas; b) De bienes inmateriales y sus
correspondientes amortizaciones con similar contenido al requerido en el inciso
anterior...”.
[66]
KENNEDU-MC MULLEN- “Estados financieros”, pág. 164.
[67]
No hemos computado el efecto distorsionante de la inflación –y de su
falta de reconocimiento- en el ejemplo proporcionado en el párrafo anterior.
Los bienes pueden experimentar devaluaciones o revalorizaciones por razones
ajenas a la desvalorización del signo monetario
[68]
VERÓN, obra citada, Tomo I, pág. 535.
[69]
“Todo otro rubro que, por su naturaleza,
corresponda ser incluido en las cuentas de capital, reservas y resultados.”
[71]
Obra citada, Tomo 2, pág. 81.
[72]
HORACIO FARGOSI, el art. 66 de la
ley 19.550, en Estudios de Derecho
Societario”, Editorial Ábaco, 1978, pág. 136.
[73] SASOT
BETES-SASOT, “Sociedades Anónimas.
Las asambleas”, Ed. Ábaco, 1978, pág. 398.
[74]
Obra citada, Tomo 2, pág. 81.
[75]
SASOT BETES-SASOT, obra
citada, pág. 400.
[76]
Como dijo la sala B de la
CNCom. (Noviembre 5-1993, "Paramio c/ Paramio", ED,
156-120, con nota a fallo de OTAEGUI),
"en el ámbito societario, los derechos otorgados por la ley o los
estatutos tienen por fin que sus titulares desarrollen una actividad
beneficiosa para la sociedad, pues el patrimonio social no debe ser
administrado para favorecer aspiraciones de algunos accionistas, que utilizan
las asambleas como instrumento personal".
[77]
En esa línea, ha dicho con razón la sala D de la Cámara Nacional en
lo Comercial, in re "Mihura, Luis y
otros c/ Mandataria Rural S.A.", "es
inconcebible en el sistema económico dentro del cual se desempeña una sociedad
anónima y gracias al cual existe, pretender retener indefinidamente como
"cuenta nueva" o "reserva" las ganancias de una empresa
comercial. Si tal proceder prosperara, el sistema jurídico que lo autorizara
así, no se distinguiría en nada de la más absoluta expropiación de todos los
bienes; porque a esto se ha querido llevar el patrimonio de los socios cuya
utilidad nunca era entregada..."Quienes mediante la creación de reservas
facultativas, o el traslado a "cuenta nueva" de las utilidades de
ejercicios, retacean la distribución de utilidades de una sociedad a los
accionistas, movidos por artificios jurídicos y contables destinados a ganar
poder o ventaja deberían reflexionar en la circunstancia de que si ellos mismos
soportaran tal tratamiento, no quedaría capital privado con qué constituir
sociedades, para llevar a cabo nuevas empresas. Los responsables de este
engendro económico han actuado contra el sentido histórico del régimen cuyos
instrumentos usaron. Tal herejía no puede prosperar, pero si prosperara,
destruiría ese sistema".
[78]
Hemos reproducido el relato efectuado por CARLOS
GARBER en su interesante artículo titulado "El cesarismo de las mayorías en las sociedades anónimas
norteamericanas".
[79]
C.S.N., en "Rieffolo Basilotta,
Fausto", sent. del 5 de Febrero de 1987, publ. en La Ley , 1987-D, pág. 719, N1 214;
idem, Fallos, 306:721, 307:518 y 993 -La
Ley , 1985-C, 630; 1985-D, 500; 4/12/90, "Etcheverry, Luisa M. y otros c/ Provincia de Buenos Aires y
otros", Rev. L.L. del 28/8/91, pág. 11, sum 1674.
[80]
Es sabido que la “ilusión monetaria” torna más gobernable la política
económica, cuando los acreedores aceptan sin cuestionar sus pérdidas; cuando
los agentes económicos no pugnan por mantener su posición en la distribución
del ingreso; cuando se difunde entre los asalariados la idea de que es perverso
reducir salarios nominales sin inflación, pero es progresista aumentarlos menos
que la inflación.
Cuánto tiempo puede dura la ilusión monetaria, es
imposible predecirlo, pero no se puede engañar permanentemente a la población.
No sólo es inmoral, sino además, no es sustentable en el mediano y largo plazo.
[81]
Hemos copiado la proyección efectuada en planilla Excel:
|
0
|
1
|
1
|
|
1
|
1,2
|
1,1
|
|
2
|
1,44
|
1,21
|
|
3
|
1,728
|
1,331
|
|
4
|
2,0736
|
1,4641
|
|
5
|
2,48832
|
1,61051
|
|
6
|
2,985984
|
1,771561
|
|
7
|
3,5831808
|
1,9487171
|
|
8
|
4,29981696
|
2,14358881
|
|
9
|
5,15978035
|
2,35794769
|
|
10
|
6,19173642
|
2,59374246
|
[82]
El art. 67 emplea el giro "socios o accionistas", como si fueran dos
categorías distintas. Los accionistas, aunque la sociedad sea abierta, aunque
se cuenten por millares, y aunque carezcan de injerencia efectiva en el
gobierno de la sociedad o no asistan a las asambleas; aunque su vocación sea
exclusivamente de participar como inversores, no dejan de ser socios.
[83]
Art. 234: "Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los
siguientes asuntos: 1) Balance general, estado de los resultados, distribución
de ganancias, memoria e informe del síndico…"
[84]
Si los bienes están subvaluados, en los hechos se priva a los socios
minoritarios del derecho de receso, pues su ejercicio resultaría ruinoso.
[85]
“Sociedades
Anónimas”, 2ª edición actualizada y ampliada por JULIO C. OTAEGUI, Ed.
Depalma, 1998, págs. 593 a
595.
[86]
RAFAEL MARIANO MANÓVIL, “El derecho a la integridad de la participación del
socio”, 2° Congreso de Derecho Societario, Tomo II, págs. 227-229.
[87]
Inspección General de Justicia, resolución n° 574/01 en "Chubasco
S.A.", Expte. Nº 428.125 y en "Viejo Cimarrón S.A.", Expte. Nº
1.695.644.
[88] Por ejemplo, en cuanto expresan que los
estados contables deben presentar con la mayor fidelidad posible la situación
patrimonial y los resultados del ente (resolución técnica n° 8, segunda parte,
capítulo I, parágrafo A. “Necesidad
de información contable útil”; resolución técnica n° 10, “B. NORMAS CONTABLES. B.1.1. La información que se proporciona debe ser
verdadera”).
[90]
GENARO CARRIÓ Y ALEJANDRO CARRIÓ, “El recurso extraordinario por sentencia
arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema ”, 3ª edición actualizada, 1983,
pág. 8.
[91]
Lúcidamente dice MARTORELL en un
artículo titulado “La dominación "torpe" de sociedades (con un
"pot-pourri" de "picardías"). Neutralización. Defensas.
Responsabilidades” (La Ley , 2003-D, pág. 1177): “Finalmente, siempre habrá de existir
-frente a llamados a la reflexión como el que aquí se efectúa- quienes
pretendan que el mantenimiento del "statu-quo" sigue siendo lo mejor,
y que lo otro sería dar pie a un eventual "abuso de minorías", como
si esto último -salvo alguna excepción muy aislada- no fuera sino el típico
argumento utilizado por el socio tirano para seguir sometiendo a vasallaje a
sus consocios” .
[92]
RICARDO NISSEN ("Impugnación
judicial de actos y decisiones asamblearias", p. 101) expresa: "...cuando la ley se refiere a la
adopción de una resolución en violación de la ley... (lo hace con referencia)
...a todo el ordenamiento jurídico en
general". Prosigue "...muchas veces, más allá de la aparente
legalidad de la decisión social, ésta puede encubrir una desviación indebida
del interés social... en detrimento de los derechos de los accionistas
minoritarios configurándose lo que la doctrina llama abuso de las
mayorías..."
[93]
ISAAC HALPERÍN, “Sociedades Anónimas”, 2ª edición
actualizada y ampliada por JULIO C. OTAEGUI, Ed. Depalma, 1998, págs. 593 a 595.
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